Tal como anticipó NOTICIAS URBANAS en su edición del 11 de diciembre, el diputado macrista Rodrigo Herrera Bravo acaba de presentar en la Legislatura un proyecto para modificar la Ley 6 de Audiencias Públicas.
La iniciativa propone convertir a las Audiencias Públicas en debates en los que los funcionarios deban responder a las inquietudes de los ciudadanos y haya intercambio de opiniones, más allá de la simple exposición de posturas. También impulsa que este tipo de encuentros sean realizados en lugares cercanos al tema que los motiva y en horarios en los que faciliten la participación de la gente.
Además, amplía la nómina de los medios de comunicación destinados a difundir la realización de las Audiencias Públicas y la cantidad de días de publicidad. De aprobarse la norma, las Audiencias Públicas deberán ser anunciadas con una antelación no menor a 30 días corridos de la fecha fijada en, por lo menos, dos de los diarios de mayor circulación del país durante dos días; en el Boletín Oficial de la Ciudad durante cinco días, en dos periódicos barriales de circulación en la zona de la Ciudad correspondiente a la audiencia y en la emisora radial de la Ciudad durante un período de cinco días.
El proyecto fue acompañado por los legisladores Gabriela Michetti, Paula Bertol, Helio Rebot, Marcelo Godoy y Alicia Bello, todos del bloque macrista, y constituye la primera iniciativa del paquete de reforma política que planea impulsar el Frente Compromiso para el Cambio.
FALTA DE INTERÉS
"La caída en el grado de interés y de asistencia a las audiencias públicas es un síntoma de que la legislación vigente no le sirve a los vecinos", el autor del proyecto a NOTICIAS URBANAS. Los números de la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad parecen darle la razón: durante 1998 -el primer año de implementación de las Audiencias Públicas, el promedio aproximado de vecinos por audiencia fue de 17; en 1999 fue de 21; en 2000 cayó a 6; en 2001 volvió a subir a 17, mientras que en 2002 descendió abruptamente a 5 y, en este año, el promedio fue de 6 ciudadanos por audiencia.
"Queremos ir un paso más allá de la posibilidad de los vecinos de ser escuchados, y avanzar hacia una instancia en la que los funcionarios se vean obligados a expresar su posición cara a cara con los interesados, poder debatirla, en lugar de simplemente recoger opiniones y luego expedirse al respecto en un expediente", subrayó Herrera Bravo.
