Tras el cambio de gobierno el sindicalismo argentino inició una etapa obligada en la que, quiera o no, deberá reformular en profundidad su vigencia como factor de poder en el área central de la política y actualizar los conceptos y la aplicación de los derechos laborales en un mundo totalmente nuevo.
Las tres CGT, divididas durante la era kirchnerista, comenzaron a dar pasos en ese sentido. Con buen criterio los principales líderes retomaron el diálogo y exhibieron la voluntad de terminar con la atomización de los últimos años para reunificar la conducción del movimiento obrero frente a un nuevo gobierno que no es de su sello.
Son conscientes de que, además de la unidad, tienen pendientes problemas de envergadura. La pérdida de puestos de trabajo en el ámbito privado desde hace cuatro años y en la administración pública en los últimos meses, es relevante e impulsa el reclamo para decretar la “emergencia ocupacional”. La informalidad laboral, mayor al 35% desde el 2005, ya es un problema crónico que se agrava por el desamparo en materia de servicios sociales para el sector. La deuda del 82% móvil para los jubilados que aportaron toda su vida y encima deben reclamar a la Anses judicialmente sus actualizaciones, es insostenible. La defensa del valor del salario, en el marco de un derrape inflacionario provocado por la anterior gestión, se da en un terreno de gran imprevisibilidad.
La discusión de los salarios este año instaló de hecho las “paritarias abiertas” como mecanismo para ir ajustando paulatinamente los aumentos con modalidades inéditas que contemplan pequeños incrementos cada tres, cuatro o seis meses. ¡Los aumentos por paritarias ya no pueden pactarse por un año!
Los cálculos de los dirigentes por gremio buscan obtener en el transcurso de 2016 entre un 29% y hasta un 32% en total, pero por goteo. No es un buen negocio para los trabajadores, mucho menos si no se elimina el incomprensible impuesto al trabajo, o se revisan las escalas.
Los trabajadores no saben a ciencia cierta cuanto ganarán ni cuanto gastarán este año, especialmente después de los anuncios de aumentos tarifarios en los servicios básicos esenciales decididos por el actual gobierno, mes a mes y sin anestesia. Mientras tanto, por otro andarivel corren los precios, sin control efectivo del estado.
Frente a este escenario los dirigentes sindicales se manejan con mesura, hacen un ruido relativo mientras planifican la unificación. Mueven el árbol pero no tanto como para que caigan todos los frutos. Organizan una movilización para el 29 de abril hacia el Monumento al Trabajador, en la avenida Paseo Colón, con la idea de ratificar sus reclamos e instalar la “emergencia ocupacional”. Antes habían criticado reservadamente el ímpetu de las dos CTA, más comprometidas con los despidos estatales porque su flujo de afiliados pertenece a esa órbita pero también menos efectivas al momento de causar daño político.
La unificación de las centrales de trabajadores que lideran Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo para el 22 de agosto próximo supone que ese nivel dirigencial alcanzó un grado de madurez. Desprendidos del amor y los favores del oficialismo que disputaron años anteriores, hoy están todos liberados de lealtades mitológicas y disciplinas partidarias. Son conscientes también que la división les hizo perder el poder y el rol de interlocutores sociales que en otros momentos tuvieron.
Los dirigentes mejor formados analizan el atraso en cuestiones sobre la modificación manifiesta de las relaciones entre empresarios y trabajadores, y los cambios que la revolución tecnológica incorporó como novedad en la vida laboral de hombres y mujeres. Se trata de temas vitales referidos a la inclusión de personas que han quedado fuera del sistema. Por ejemplo, marcar la diferencia entre empleo y trabajo, establecer estrategias para acomodar el crecimiento de los empleos en el sector servicios, revisar los efectos de la informatización industrial, analizar el futuro del sector industrial, verificar el grado de utilidad de la mano de obra especializada, estudiar la prolongación de la vida útil del trabajador en actividad, dar un enfoque solidario a la asistencia social sindical para el trabajo informal, entre tantos otros.
Los líderes cegetistas, en principio, están abocados a reconstruir la unidad. Esta vez, anticipan sus voceros, la unidad debe estar justificada. También dicen que no se sacarán los ojos por ocupar el sillón principal.
Es probable que el sindicalismo argentino no solo esté dispuesto a unirse sino a hacer una transformación sustancial en el tipo de liderazgo político que caracterizó al sector en los últimos 70 años.
Con mayor frecuencia se escucha hablar en los cenáculos gremiales sobre la necesidad de establecer liderazgos colegiados, conducciones horizontales. Reemplazar el típico liderazgo carismático individual del siglo XX por un cuerpo colegiado que permanentemente busque los consensos entre sus partes constituiría una renovación inédita que podría marcar el comienzo de una etapa más democrática con el abandono paulatino del verticalismo al que fueron tan afectos los sindicalistas.