El fin de los operativos sobre los domicilios allanados –la sede de la firma Uber y de directivos locales de la empresa– es “secuestrar toda la documentación relacionada con la firma Uber, que permita comprobar la prestación no autorizada del servicio e individualizar a sus autores”.
La investigación es llevada adelante por la Unidad de Investigaciones Complejas a cargo del Fiscal de Cámara de la Unidad Oeste, Martín Lapadú, y por el Fiscal Roberto Néstor Maragliano, quienes iniciaron de oficio la investigación, al ser advertidos del desarrollo de las actividades de Uber sin la debida autorización.
“El caso se inició de oficio para investigar si la empresa Uber se encuentra infringiendo las leyes que regula la actividad lucrativa de transporte de pasajeros en el espacio público y para penalizarlos en consecuencia”, señaló Lapadú, y agregó que “conjuntamente se investiga a Uber por posible evasión impositiva”.
Los fiscales entendieron que la empresa no cumple con la vasta legislación que regula la actividad lucrativa de transporte de pasajeros en el espacio público, cuyos requisitos hacen a la seguridad de los mismos, al uso del espacio público y a cuestiones tributarias, entre otras.
La legislación, informaron desde la fiscalía, incluye la ley Nacional de Tránsito 24.449, que exige, para transportar pasajeros, una licencia de conducir especial (conductor profesional, categoría “d”, conf. Art. 20) y obliga a contratar un seguro para casos de siniestro, muy frecuentes en caso de automóviles.
“Además, Uber infringe los artículos 6.1.73 y 6.1.74 de la ley 451 de faltas, que sanciona con multas a aquellas empresas de radio taxi que funcionen sin habilitación, y a quien asigne viajes requeridos por vía telefónica y por telefonía móvil de manera no autorizada”, informaron.
Las direcciones de las oficinas en las cuales operaba la empresa fueron encontradas con la colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía. Con esa información, el Fiscal Lapadú solicitó a la magistrada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 16, María Fernanda Botana, la orden correspondiente para poder allanar las oficinas y de esta manera continuar la investigación.