Tras el estallido de la crisis que provocó la tragedia acaecida en la fiesta electrónica del Túnel del Tiempo, las aceitadas relaciones entre los gobiernos de signo idéntico de la Nación y la Ciudad, entraron en un estado de tensión que ya se volvió inocultable.
Hace pocos días, Marcos Peña declaró que el Gobierno nacional -del que forma parte después de haber sido funcionario del Gobierno porteño- “colaborará con la Justicia para saber si hubo fallas y cosas que se tenían que haber hecho mejor”.
Casi inmediatamente, Gabriela Michetti intentó, en un reportaje mediatizado por Jonathan Viale, explicar las dificultades que existen para encontrarles droga a los asistentes a una fiesta de cualquier tipo. “Con respecto a los controles, si la pastillita es tan chica que se guarda en un bolsillo, ¿cómo se controla eso? No sé bien cómo debería hacerse ese control. No quiero sacarle el traste a la jeringa -como se dice en el campo- porque el Gobierno de la Ciudad sea de nuestro partido y yo lo quiero mucho a Horacio, pero ¿cómo se controla eso? Y aún si controlan, ¿les van a sacar la pastillita a los chicos para que se arme lío?”, remató con poco tino la vicepresidente de la Nación.
Si bien la respuesta de Michetti no fue atinada en cuanto a la descripción de la lucha contra el narcotráfico, fue aún menos apreciada por la conducción del Gobierno porteño, teniendo en cuenta que su declaración se puede considerar como una acusación casi directa en primer término y un intento de minimización del problema en segundo término.
La respuesta de Rodríguez Larreta fue directamente que la droga “es una competencia federal”, casi entrando en una especie de grieta que divide la Plaza de Mayo en dos, dejando de un lado a los porteños y del otro a “la Nación”, casi como si volviéramos a los tiempos mitristas.
El juez Sebastián Casanello, entretanto, ahondó la grieta al convocar para ser indagados a 28 personas, entre las que se encuentran 19 efectivos de Prefectura -una fuerza federal-; varios inspectores de la Agencia Gubernamental de Control; el titular de Costa Salguero Néstor Bogado; el apoderado de Dell Producciones -organizadora de Túnel del Tiempo (Time Warp) Maximiliano Nahuel Ávila y el responsable de la empresa de seguridad privada SISEG, Ezequiel Esteban Venturino. A todos, adicionalmente, les prohibió salir del país y les inhibió sus bienes.
Como se puede ver, las indagatorias de Casanello fueron eclécticas, es decir, destinadas a introducir a todos los responsables de la tragedia en la picota, aunque existen responsables que aún no fueron detectados. Por ejemplo ¿la droga asesina vino en pastillas “rebajadas”, que provocaron un mayor consumo? ¿Existió una “jarra loca”, que contenía alguna substancia altamente tóxica, que estaba en experimentación y que fue la que desató la tragedia? ¿Había zona liberada y hubo narcos minoristas, que repartían pastillas como si fueran golosinas? ¿Quiénes fueron los altos oficiales que otorgaron la “zona liberada” para ingresar drogas en una zona vigilada por fuerzas de seguridad y por una empresa privada? ¿Es verdad que las fuerzas de seguridad sólo controlan que no existan vendedores que no sean “sus” protegidos?
Son tantos los interrogantes que quedan por develar que se puede por inferir que el enfrentamiento subterráneo que existe actualmente entre funcionarios porteños y nacionales no es más que una discusión que precede a la que vendrá dentro de tres años, cuando se decida la sucesión de Mauricio Macri en la interna Pro.
Inclusive, quizás éste haya sido el principal motivo de la derrota de Daniel Scioli, par y amigo de Rodríguez Larreta en otros tiempos, que se lanzó en 2011 a la competencia presidencial sin medir las consecuencias que sufre un precandidato -no hablemos ya de un candidato hecho y derecho, con aspiraciones serias de llegar al gobierno- que es sometido a fuego graneado, como sucede inevitablemente con cada uno de los que se postula. Durante cuatro años, Scioli debió soportar acusaciones, tapas de diarios, notas periodísticas y operaciones encubiertas, destinadas todas ellas a “limar” sus posibilidades de acceder a la primera magistratura. Soportar ese tipo de ofensiva durante demasiado tiempo expone al presunto candidato a tal desgaste que llegar es casi imposible.
Casi seguramente, esta circunstancia yace detrás de todo el fuego mediático que se enciende desde algunas usinas gubernamentales, que inyectan nafta cada vez que pueden, aunque siempre bajo el disfraz de bomberos abnegados.
La otra circunstancia, con la que Larreta trató de separar su gestión del desgaste de las operaciones mediáticas, fue que envió inmediatamente al titular de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, a sentarse frente a los legisladores y dar las explicaciones del caso. Si bien sus respuestas fueron bastante deficientes y poco claras, de todos modos el gesto político fue apreciado por el arco político opositor.
En el Gobierno nacional, entretanto, que fue severamente golpeado por los hechos de Costa Salguero, que impacta en el centro de su promesa electoral de combate al narcotráfico, cunde la alarma. Por de pronto, la ministra de Seguridad -y encargada del combate al narcotráfico- Patricia Bullrich ya pasó a retiro, a una semana del suceso, al Prefecto de la zona Río de la Plata y al jefe del Departamento Narcotráfico. Rápida de reflejos, también suspendió en sus funciones -en lo que puede ser la antesala del retiro definitivo- a otros 40 prefectos, que se sumaron a los seis que había sufrido idéntico tratamiento ante la lenidad mostrada frente a los vendedores de felicidad química en El Túnel del Tiempo.
Un caso particular es el del prefecto Alberto Pandiani, que tenía en su poder una bolsa llena de drogas que habían incautado sus hombres a los asistentes a la fiesta en la entrada de Costa Salguero. Por supuesto, el operativo sólo suponía la incautación, sin detención, sin interrogatorio ni investigación sobre el origen de las substancias incautadas ni, mucho menos, denuncia ante las autoridades judiciales. Y aquí vuelven las preguntas: las substancias, en vista de que no quedan en manos de la autoridad judicial ¿iban a quedar en manos de Pandiani? Si hubiera sido así, ¿iban a ser revendidas en el circuito fiestero, de la mano de otros minoristas?
El escándalo, que aún no estalló -y difícilmente lo haga- es importante y los cruces por el reparto de las culpas eran inevitables. Por ahora, como no hay jueces incisivos, el intercambio será civilizado, pero si la investigación se profundizara, chocarían los planetas.
