Días atrás, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, les pidió a los jueces federales que lleven a juicio oral y público a los exfuncionarios investigados por corrupción. Sin embargo, agregó que esos mismos jueces federales deben actuar con “prudencia” y “no sobreactuar”. El exhorto, en consonancia con la postura del nuevo Gobierno nacional, favorece la imagen de Cambiemos, que se presentó en las elecciones como un garante de transparencia pública, pero también parece advertir sobre el poder que tienen los jueces.
Las declaraciones del ministro se producen en un momento de gran actividad judicial. Los jueces federales parecen haberse “despertado” tras años de ser pasivos con los gobiernos de turno. Cualquier ciudadano de a pie puede confundirse a menos que siga el ritmo con atención. Y a diario. Ninguno de los consultados por este medio pudo contestar con exactitud por qué causas está imputada la Presidenta, sobre los motivos por los que se procesó al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime ni cuál es la situación judicial del empresario kirchnerista Lázaro Báez en la trama de corrupción. Sí dicen que los investigan, que están “imputados”, que están “procesados”, sin comprender la diferencia entre ambos términos. Estas palabras aparecen en los titulares de los medios de comunicación periódicamente, en especial desde el cambio de gobierno.
Durante su segundo mandato, la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y la Justicia fue tensa y estuvo profundamente politizada. En torno a la entonces presidenta se conformó un conglomerado de magistrados afines al gobierno, llamado Justicia Legítima, liderado por el entonces secretario de Justicia, Julián Álvarez, uno de los referentes de la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora. Mientras tanto, muchos discursos de la exmandataria, tanto en cadena nacional como en inauguraciones oficiales, estuvieron destinados a atacar a jueces, en especial cuando se produjo algún tipo de intervención del tercer poder hacia funcionarios kirchneristas. En ocasiones, la exmandataria se refirió a ellos con nombre y apellido, como en el caso del juez federal Claudio Bonadio, que había empezado a mostrarse activo en su contra.
Hoy, menos de seis meses después de dejar el Ejecutivo, Cristina Kirchner continúa su cruzada con el magistrado, ya no desde el estrado sino en Comodoro Py. Bonadio, por su parte, decidió procesarla en la causa que la investiga por la venta de dólar futuro. Desde hace semanas, su abogado, Carlos Beraldi, presenta, uno tras otro, sendos instrumentos legales para apartarlo del caso e impedir que tome a su cargo otras causas, como la de Los Sauces SA, empresa de los Kirchner judicialmente cuestionada. Cada una de sus presentaciones fue rechazada. El juez parece avanzar impertérrito. La Justicia parece actuar más veloz que nunca, en especial en comparación con las causas del menemismo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Al menos, esa es la percepción. ¿Qué pasó entre la década pasada y la actualidad?
Después de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, el 18 de enero del año pasado, el Poder Ejecutivo anunció un proyecto de ley para disolver la Secretaría de Inteligencia y crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se aprobó casi de inmediato en el Congreso. La medida transfirió la totalidad del sistema judicial de escuchas, hasta entonces a cargo de la ex-SIDE, al Ministerio Público Fiscal. Durante el anuncio, Cristina Fernández habló especialmente del memorándum con Irán, eje de la denuncia que iba a presentar Nisman contra ella, que sectores opositores apuntaron como motivo de la muerte del fiscal. “Cuando se firmó el memorándum, integrantes de la ex-SIDE comenzaron a bombardear este acuerdo. Desde 2013 se intensificaron una serie de denuncias contra esta presidenta de lo más insólitas. Es necesario que la Justicia comience a repensarse, hemos visto una calesita permanente que interviene en expedientes judiciales, maneja jueces y que es necesario cortar de cuajo”, dijo entonces la mandataria.
En resumen, con esa medida le quitó peso político a Inteligencia, que durante años proveyó de horas de escuchas a los jueces y manejó gran parte del contenido de las investigaciones. En el reacomodamiento, el rol de los jueces cambió. Pocas semanas después se realizó una marcha a los Tribunales para pedir justicia por Nisman. La encabezaron los fiscales Guillermo Marijuan, Raúl Plee, José María Campagnoli, Carlos Stornelli y Ricardo Sáenz, así como el líder sindical judicial Julio Piumato, parte de la CGT opositora. Se transformaron en una especie de contraparte de Justicia Legítima, en pleno año electoral, que culminó con el fin de doce años kirchneristas.
El exsubsecretario de Presidencia que actuaba bajo las órdenes de Cristina Kirchner, Gustavo López (radical kirchnerista), opinó en diálogo con Noticias Urbanas que los jueces no tienen más poder desde la modificación de la ex-SIDE, “excepto por la dependencia que algunos tenían de Antonio Stiuso porque le debían favores”. “Cada vez que comienza un nuevo gobierno, los jueces muestran su poder, que obviamente es mayor al que tenían respecto del gobierno anterior. Pero es un ciclo que se repite. Por eso es importante la institucionalidad, porque mientras mayor sea, les quita el poder político a los jueces”, sostuvo.
“¿Considera que hay políticos que son voceros de jueces?”, se le preguntó. “Sí. Claramente la diputada Elisa Carrió opera con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti y un sector del Poder judicial. Cuando la política ocupa ese lugar, daña a la democracia”, deslizó el exsubsecretario.
Justamente Lorenzetti reconoció, esta semana, que hay una percepción de que el cambio de gobierno impulsó a la Justicia a actuar contra los referentes del gobierno kirchnerista. Argumentó, entonces, que durante la anterior gestión, “la Justicia tuvo muchos casos de mucha repercusión, como los procesamientos del vicepresidente en funciones [Amado Boudou] o de Jaime”. Esos procesamientos datan de la misma época en que el kircherismo impulsó la “democratización de la Justicia” para modificar las mayorías en el Consejo de la Magistratura, crear nuevas cámaras de casación y restringir las medidas cautelares contra el Estado, que muchos consideraron como un intento por controlar un poder que se le volvía en contra.
El presidente Macri lanzó esta semana Justicia 2020, “un sistema para construir una sistema judicial cercano a la gente, moderno y transparente”. Estará encabezado por el exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra, constitucionalista y uno de los críticos de la decisión del Presidente de completar por decreto la Corte Suprema. El sistema aspira a realizar una “modernización de la Justicia”, aunque todavía no queda claro en qué consistirá y su página web aún no funciona. Según el Presidente, se tratará de “una reforma en serio”. Semanas atrás, Carrió había acusado al presidente de Boca, Daniel Angelici, de ser un operador judicial de Macri.
Mientras tanto, desde ciertos sectores de la política temen la posibilidad de un mani pulite que, en el caso más extremo, pudiese desembocar en un “que se vayan todos”. Más allá de los intereses en disputa y de la necesidad republicana de que el Poder Judicial se maneje de manera independiente, hay un argumento que asiste a quienes recelan de este “despertar judicial”: que es llevado adelante por los mismos jueces que, años atrás, callaron. ¿Hasta dónde no se trata, también, de una decisión política que hoy puede hacer pesar su poder contra el kirchnerismo y mañana contra el macrismo?
Sebastián Casanello, el juez que tiene en sus manos la causa por la ruta del dinero K, también investiga a Mauricio Macri por los Panamá Papers. Y hasta la denuncia de Carrió contra Angelici y la causa por las muertes en la fiesta Time Warp que involucra, entre otros, al Gobierno porteño. Los tiempos, hoy, dependen de él. Y la tentación de la política de inmiscuirse en el Poder Judicial es tan grande como la de los jueces federales de hacer política. No por casualidad caminaron juntos todos estos años.
