El presidente de la Nación, Mauricio Macri vetó su primera ley como primer mandatario, regresando al ejercicio de un trámite que ejerció en 123 ocasiones mientras era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Macri firmó el viernes el Decreto 701/16 -que fue publicado en la mañana de este lunes en el Boletín Oficial- en el que su Gobierno señaló que “en lugar de mejorar las condiciones para generar nuevos empleos”, el proyecto que impulsaron los diputados y senadores de la oposición, que fue aprobado en las cámaras de diputados y senadores proponiendo el fin de los despidos -o la doble indemnización, para el caso de que fuera posible evitarlos-, es una “propuesta limitada”, en un contexto en el que las empresas “han manifestado su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal”.
La Ley de Emergencia Ocupacional, que aprobó finalmente la Cámara de Diputados el jueves último, que llevó el número 27.251, vetaba los despidos por 180 días y establecía la doble indemnización. Macri la había tachado anteriormente como una ley “antiempleo”, por lo que el viernes último anticipó en la planta productora de Cresta Roja la actitud que hoy concretó.
Los Considerandos de los decretos son los que definen la concepción que los origina y éstos fueron los que esgrimió el Gobierno.
1) En este punto, se explica que “en lugar de mejorar las condiciones para generar nuevos empleos”, la de la oposición “importa una propuesta limitada, que no acompaña el contexto actual en el que la enorme mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal, porque confían en el potencial de la República Argentina en esta nueva etapa, y apuestan por el país”.
2) El Gobierno achaca al proyecto opositor que “el pesimismo y la desconfianza que fundamentan el proyecto en análisis se basan en la idea de que en nuestro país no se puede generar trabajo, de que estamos condenados a conformarnos con la situación crítica en la que nos dejaron luego de 5 años en los que el empleo no creció”, un concepto casi de campaña electoral, que Macri viene repitiendo en todos sus discursos oficiales.
3) Siguiendo con la línea argumental ya trazada en otros discursos, el Gobierno señala aquí que “uno de los grandes objetivos propuestos por el Gobierno es avanzar hacia la pobreza cero, y que para lograrlo se encuentra realizando acciones y políticas para crear millones de puestos de trabajo, a los fines de que la mayor cantidad posible de habitantes de la República Argentina tengan trabajo. Ello incluye a los trabajadores registrados actuales —que son los que contempla la norma sancionada— pero también a los trabajadores informales, a los futuros trabajadores y a los miles de jóvenes que deberían ser incorporados al mercado de empleo”.
También se detalla en este ítem el argumento de la generación de confianza, sin la cual se supone que los inversores jamás acudirán a nuestro país. “El Gobierno está adoptando las medidas necesarias para generar confianza y que se concrete un período de expansión de la inversión y crecimiento económico y, por lo tanto, de generación de empleo genuino”. Para fundamentar el punto, el Gobierno advierte que “son una realidad los diversos planes en materia de obra pública, en sus diversas modalidades contractuales para generar las obras de infraestructura, ferrocarriles, rutas, puertos y energía que hacen falta en nuestro país, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal”.
Para lograr que estas inversiones se produzcan, el redactor de este punto señaló que “en el ámbito privado se manifiestan nuevos accesos al financiamiento y expansión de créditos destinados a la inversión en condiciones favorables, lo que se traducirá en incrementos de las fuentes de trabajo”.
4) En este punto se concentra uno de los caballitos de batallas de la doctrina económica del Gobierno. “Contrariamente a lo fundamentado en la propuesta normativa bajo examen, su aplicación congelará los empleos, mantendrá en la misma situación a los miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementará la pobreza, como sucedió en los últimos años”.
5) Aquí aparecen mencionadas las pymes por única vez en los fundamentos. “Respecto de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más del setenta por ciento del empleo privado en el país, se han propiciado una serie de medidas para reducir su carga fiscal y financiera, que incluyen –entre otras- la creación de un Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias por Inversiones Productivas, un Bono de Crédito Fiscal por Inversiones en Bienes de Capital y en Obras de Infraestructura”, medidas acompañadas por un “tratamiento impositivo especial y un régimen de financiamiento que se encuentran en estudio” en la Cámara de Diputados.
6) En su fundamentación estadística, el gobierno planteó que para el Ministerio de Trabajo, en los primeros tres meses de 2016, los asalariados del ámbito privado registrados “presentó un crecimiento de 0,4% con respecto al primer trimestre de 2015”.
7) A continuación, en los fundamentos, Macri describe los mecanismos que implementa su administración para paliar los efectos de la crisis económica. “El Gobierno tiene otros mecanismos para proteger a las empresas que están en dificultades, como el Programa de Recuperación Productiva —REPRO—, un mecanismo que permite que el Estado pague parte de los salarios de las empresas con dificultades a fin de evitar que se despida personal”.
“En ese sentido debe mencionarse que durante el año 2015 el número de trabajadores acogidos al citado programa era de 67.200, mientras que en este momento, el número oficial de trabajadores con programa REPRO es de 9.087”, a la vez que informa que hoy están amparadas por el REPRO “sólo 23 empresas en todo el país”.
8) En este ítem, el Gobierno detalló algunos de los planes que está impulsando para mejorar el trabajo, con distintos resultados. “En el breve lapso transcurrido de esta gestión de gobierno, se han asignado importantes recursos en materia de políticas sociales y productivas. En tal sentido se impulsó la Ley de Primer Empleo para los jóvenes, se acordó aumentar el salario mínimo, vital y móvil, y el seguro por desempleo, y se elevó el mínimo no imponible para la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. Por otra parte, se está realizando una inversión social de más de $ 30.000.000.000, que va a permitir que más de 10 millones de argentinos, entre ellos, monotributistas, jubilados, trabajadores temporarios, beneficiarios de la Asignación Universal por hijo, vean mejorada su situación de manera directa”.
Finalmente, abundando en demasía sobre las posibles concecuencias que podrían derivarse de la aprobación de la ley, el Gobierno destaca que “la evolución de las relaciones colectivas del trabajo”, según la cartera laboral, “se vienen desarrollando con normalidad las negociaciones correspondientes, en un clima de tranquilidad que no debe verse afectado por la conflictividad que generaría” la Ley de Emergencia Ocupacional.
“Por último, los empresarios, desde su rol de generadores de empleo y producción, se comprometieron a no reducir los planteles de empleados durante al menos los próximos 90 días; a generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo y a trabajar junto al Gobierno Nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del empleo en el país, sector por sector”, concluyeron los autores del Decreto, haciendo gala de un optimismo envidiable.
