El juez Sebastián Casanello ordenó a organismos del Estado que informen lo que saben sobre las empresas del Presidente que están vinculadas al escándalo de los Panamá Papers.
El magistrado ordenó nuevas medidas de prueba en la causa contra Mauricio Macri abierta por el escándalo de los Panamá Papers. El juez pidió información sobre sociedades que hasta ahora no estaban bajo investigación y que están sospechadas de cometer delitos económicos como evasión fiscal y lavado de dinero.
Se trata de empresas en las que habría hecho usufructo el Presidente de la Nación y que no fueron registradas en sus declaraciones juradas.
A pedido del fiscal federal Federico Delgado, Casanello ordenó a la Inspección General de Justicia que le suministre la copia de los legajos desde 1985 hasta 2007 de las empresas Grufarma SA, SOCMA Americana, Global Collection Service, MTC Investment, Macri Investment Group, informaron fuentes judiciales a Infobae.
Además, solicitó a la Oficina Anticorrupción una copia de la declaración jurada de bienes que hizo el Presidente el año pasado. Preguntó también a la Unidad de Información Financiera (UIF) si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en Panamá, Inglaterra, Bahamas, Uruguay y Brasil sobre Kagemusha y Fleg Trading Ltd, junto al requerimiento de información de otras compañías como Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group.
