El Gobierno tiene planeado enviar el jueves próximo al Congreso el discutido proyecto de reforma electoral, por el que se implementaría la Boleta Única Electrónica (BUE); la creación de un órgano electoral autónomo; la limitación de las reelecciones en todos los cargos; la eliminación de las listas colectoras y la obligatoriedad del debate presidencial.
El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación, Adrián Pérez, que fue el encargado de negtociar con los partidos políticos el desarrollo del sistema, expresó que la BUE “ayudará a luchar contra el fraude electoral”, y adelantó que se implementará “a nivel nacional, en todos los distritos del país”.
Pérez expresó que espera “en octubre tener la ley”, tras lo cual se deberá esperar “ocho meses para su implementación”, y destacando que luego habrá que trabajar en el proyecto de que “las provincias adopten” el sistema.
El exdiputado de la Coalición Cívica -hoy integrante del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa- informó que “muchos bloques van a acompañarlo, ya que en las reuniones previas, muchos partidos políticos y bloques parlamentarios adelantaron su apoyo, porque es en beneficio de la ciudadanía”.
Las opciones, los problemas y la logística
El primer punto que es necesario informar es que la aprobación del proyecto exige de la mitad más uno de los votos del total de parlamentarios de ambas cámaras. Por esta razón es que el oficialismo necesita indefectiblemente de los votos del Frente Renovador, del cual forma parte Pérez.
De todos modos, hasta ahora no todos están de acuerdo en los puntos que propone el Gobierno, que además deberá superar algunos aspectos de la logística que trabarían la implementación del proyecto. El principal de ellos, la adquisición de no menos de 120 mil computadoras, con sus respectivos sistemas de software. Por esta razón, se podría dar el caso de que la ley contemple que sólo en algunos distritos se votaría con la BUE y que el órgano electoral autónomo quede para 2019. En este último punto, hasta el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti expresó su desacuerdo.
Otro problema es el tema de las fechas. No se podrá unificar el calendario en varias provincias, porque se vota separadamente en el orden provincial y en el orden nacional, en ocasiones por mandato constitucional. Además, la fecha de los comicios provinciales es siempre una prerrogativa de las autoridades locales.
Inclusive, los responsables de desarrollar el tema en el Frente Renovador plantearían que el órgano electoral quede subsumido con la creación de fueros electorales en todas las provincias. Éstos no quieren además que haya empresas privadas manejando los sistemas de votación ni el conteo definitivo de los comicios. También quieren plantear el fin de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que según Sebastián Galmarini -designado por Massa para negociar el tema- “destruyeron los partidos políticos y terminaron favoreciendo para que gane el candidato más conocido”.
Lo concreto es que, más allá del proyecto del Gobierno, el jueves, éste ingresará al Congreso y luego recibirá los aportes de la oposición, que seguramente impondrá muchos cambios, habida cuenta de la necesidad de consensos que sufre el oficialismo.
