A través de una resolución que se difundió este jueves, el magistrado Ariel Lijo procesó por supuesto lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas a los ex funcionarios kirchneristas señalados como recaudadores de la campaña electoral de Cristina Kirchner y Julio Cobos en 2007.
Se trata del ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, un funcionario del riñón del primer jefe de Gabinete del kirchnerismo, Alberto Fernández. El otro recaudador procesado es el ex legislador porteño Sebastián Gramajo.
En el fallo de 146 carillas firmado, el juez procesó además por el mismo delito a los empresarios farmaceúticos Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
Lijo detectó aportes por más de 800 mil pesos hechos por droguerías cuyo origen se presume podría ser el tráfico de efedrina, la mafia de los medicamentos u otras actividades ligadas al narcotráfico internacional. Todos los acusados fueron embargados por 3 millones de pesos en base al delito de “lavado de activos provenientes de un delito” y sus procesamientos fueron sin prisión preventiva, por lo cual seguirán en libertad.
En declaraciones a Radio Nacional, Lijo afirmó que en la campaña de Cristina de 2007 “se lavó dinero” y advirtió que no tiene “pruebas de que alguien más supiera de esta situación”, más allá de los ex funcionarios y empresarios a los que procesó. “Está probado que las personas responsables de esta maniobra son las imputadas y no tenemos pruebas que el resto estuviera al tanto o hubieran apañado esta situación”, aclaró.
“Parte del financiamiento de la campaña de Cristina tenía origen ilegal, hablamos de lavado de dinero”, indicó el juez, que agregó que “se utilizó plata de origen ileagal en una actividad legal”. El magistrado detalló además que “Capaccioli, Lorenzo, Brito y Gramajo podrían acogerse a la ley del arrepentido”, vigente para casos de lavado.
