Por amor o por espanto, Cambiemos y el massismo van juntos camino a una reforma político-electoral que puede decantar en una transformación notable del mapa político de la provincia de Buenos Aires, aún mayor que la surgida en las últimas elecciones, la cual desbancó a varios intendentes considerados inamovibles.
Ambos espacios impulsan un proyecto que fue leitmotiv del Frente Renovador durante la campaña presidencial y que también ya era parte del discurso massista en 2013: el fin de las reelecciones indefinidas para los cargos electivos. No solo contempla a los jefes comunales, sino que también van por los diputados y senadores provinciales, los concejales y los consejeros escolares (el gobernador ya tiene ese freno en la Constitución). Todos podrán estar tan solo ocho años consecutivos.
La medida ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, con el apoyo de los bloques de Cambiemos, el massismo y el Frente Progresista, la abstención del kirchnerismo y el voto en contra e inexplicable del Frente de Izquierda. El trámite legislativo ahora pasará al Senado, en el que el oficialismo y el massismo, si se unen, cuentan con una mayoría imbatible (allí el Frente para la Victoria está partido en dos bloques). Aunque allí algunos senadores macristas se manifestaron en contra de que los legisladores también deban tener un tope a sus reelecciones.
La normativa modifica los artículos 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 13 bis de la Ley Legislativa y 148 de la Ley de Educación. El kirchnerismo se abstuvo por no estar de acuerdo con el artículo 7 de la norma, que indica que “el período actual de los intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores a la entrada en vigencia de la presente ley, será considerado como primer período”.
La reforma también apunta a la superposición de los cargos, muchas veces subyacente en varios dirigentes menos conocidos por los medios nacionales. La nueva ley dispondrá la imposibilidad de ejercer al mismo tiempo como gobernador, vicegobernador, ministro y miembro del Poder Legislativo o Judicial, en la esfera nacional o provincial.
El tema es espinoso para los dirigentes territoriales del PJ. Muchas veces su liderazgo local está basado en su alto nivel de conocimiento sumado a un manejo personalista y cuasi feudal del aparato municipal. Pocos afectos a la renovación, la ley –que seguramente lo será antes del receso por vacaciones de invierno- los forzará a dejar sus estructuras y obligarlos a, como mínimo, dejar el camino allanado a un delfín propio con siempre dudosa promesa de lealtad.
El massismo conoce bien esta situación (la gran mayoría de los integrantes que le quedan provienen del PJ) y por eso insiste desde la campaña presidencial con el tema. Tras el terreno perdido –llegó a tener 25 intendentes y hoy son 10– necesita forzar un recambio a nivel local para intentar reemplazar al Frente para la Victoria en todos los distritos en los que un discurso y una estética como la de Cambiemos difícilmente ganaría (por ejemplo, Florencio Varela o La Matanza).
Aunque las elecciones pasadas demostraron que a veces el voto es imparable (hasta se fueron Raúl “Vasco” Othacehé y Mariano West de Merlo y Moreno), sin un empujón legal se torna difícil. Especialmente con la ley de primarias, que permite fragmentar las oposiciones internas a los dirigentes locales (muchas veces con listas creadas por los propios barones para atomizar a los disidentes y rascar votos de la oposición). Otro obstáculo para los massistas: participar de una coalición con el kirchnerismo es una línea que su jefe no piensa cruzar.
¿Acaso alcanzará un cambio normativo para una renovación real? El caso de Verónica Magario en La Matanza muestra que la meta puede no ser tan sencilla. Fernando Espinoza dejó la intendencia para ser precandidato a vicegobernador y promovió a su persona de confianza. Y si bien ella exhibe algún grado de autonomía, en todas las apariciones públicas de importancia y los actos oficiales está la presencia del exintendente. Las lealtades del oficialismo en el Concejo Deliberante suelen ir también al referente político que suma votos, por encima del que tiene el cargo. Hasta incluso la chequera.
El récord histórico de antigüedad en el puesto de intendente del conurbano lo ostentan el fallecido peronista Manuel Quindimil (Lanús) y el radical Enrique “Japonés” García (Vicente López), ambos con 24 años en el municipio pero ya desaparecidos de la escena. Hoy, quienes encabezan ese listado y se mantienen en su silla distrital son Julio Pereyra (Florencio Varela) con 23 años, junto con Alberto Descalzo (Ituzaingó), con 20 años. De Cambiemos, el más longevo es Gustavo Posse (San Isidro), con 17.
Salvo en Pilar, Quilmes, Lanús, Morón y Tres de Febrero, en las últimas elecciones ningún partido del Gran Buenos Aires cambió su color político tradicional. Las primarias se pueden encargar tanto de catapultar como de asfixiar el surgimiento de opciones realmente competitivas. La realidad socioeconómica y política distrital prima por sobre la ingeniería legal, al menos todavía.
Desde un punto de vista optimista, esta traba a la eternidad puede ser no tanto un impulso a la renovación sino una herramienta contra la autocracia corrupta. La permanencia de barones como Othacehé habría sido imposible si esta ley hubiera existido siempre. Aunque si se quiere ir a contra el sistema de negocios y red clientelar (que se traspasa de dirigente en dirigente), Cambiemos y el massismo saben que hace falta mucho más.
