El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, emitió la Resolución Nº 373/MJYSGC, por la que autorizó a seis policías a viajar a la Provincia de Santa Cruz “a fin de cumplir tareas de inteligencia ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21”, es decir, por el juez Claudio Bonadío y la secretaria Carolina López Arnaiz.
La polémica surgió inmediatamente, en especial por dos razones. La primera de ellas es un fallo emitido por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional apartó el 16 de julio de 2015 al juez Bonadío de la causa Hotesur -que involucra directamente a la familia de la expresidente, Cristina Fernández de Kirchner- por varias irregularidades y poniendo en duda su imparcialidad, con el agregado de que le cuestionó la utilización de la Policía Metropolitana por estar “fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la cual se circunscribe su jurisdicción territorial”, de acuerdo con la Ley Nº 2894, por la que esta fuerza fue creada.
Inclusive, el camarista Eduardo Freiler enumeró las fuerzas federales, cualquiera de las cuales podría haber sido utilizada por Bonadío: “Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria”. Finalmente, el camarista escribió en su fallo que “advierto que la imparcialidad que se exige a los magistrados frente al caso concreto se ha visto seriamente comprometida”, definiendo la actuación del juez en la causa mencionada.
La segunda razón fue aportada por la expresidente de la Nación, en una carta que hizo pública por las redes sociales, en la que denunció que el 18 de junio último personas que no identificó “rompieron y abrieron, a patadas, la puerta de entrada de la vivienda de 25 de mayo 446 en Río Gallegos”, que es la casa que perteneció a los padres de Néstor Kirchner, en la que vivió ella misma cuando recién se había casado con el expresidente.
En el quinto párrafo de su mensaje, la expresidente informó que “unos días antes, la Policía de la Provincia de Santa Cruz identificó en el puesto de control de ingreso a Río Gallegos, en Guer Aike, a seis oficiales de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procedentes de El Calafate: Leonardo Ariel Salazar, Juan Matías Pez, Ruth Elizabeth Vera, Gabriel Alejandro Isassi, Sergio Sebastián Sequeira, Mariela Fernanda Centurión”.
Estos últimos son, precisamente, el objeto de la Resolución que firmó el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo. Los dos acápites posteriores de la misiva de la expresidente hacen referencia a que en el operativo en el que se demoró a los policías porteños, “los mismos sólo se dieron a conocer como tales, al comenzar el control respectivo con los canes sobre los rodados en busca de estupefacientes y/o armas de fuego. Manifestaron que no se habían presentado como policías desde un primer momento, ya que en Buenos Aires no suelen hacerlo por diferencias con la policía de la Provincia (supongo que se referían a La Bonaerense)”.
“Es curioso -siguió narrando Fernández de Kirchner- que, en un principio, cuando se les consultó el destino y el motivo de su visita, como es de rigor, dijeron que iban a la ciudad de Río Gallegos y que estaban de paseo. Sin embargo, comenzado el operativo de control y al haber hallado una pistola Glock calibre 9mm., contaron que iban a dicha ciudad con el fin de llevar a cabo diligencias procesales de allanamientos. No sé si hicieron algún allanamiento. Lo que estoy segura, es que no vinieron de paseo”.
Policías fuera de órbita
Hay algunos hechos curiosos que no deben ser soslayados en estos sucesos. Uno es que la Resolución Nº373/16 jamás fue publicada -hasta el momento en el que esta información fue escrita- en el Boletín Oficial. Alguien podría alegar que los operativos de inteligencia no son públicos y hasta podría estar acertado, pero sería bueno conocer qué secretos de Estado debe descubrir el magistrado judicial, que exigen el titánico trabajo de seis agentes de inteligencia, que para peor deben viajar hasta la lejana y helada Santa Cruz.
Otro hecho es que, según expresó el propio ministro de Seguridad porteño, él no puede negarse a enviar a sus subordinados de la Policía Metropolitana a una misión encomendada por la Justicia. En este punto, el cuestionamiento se traslada directamente hasta el juez Bonadío, que fue amonestado el año pasado por sus superiores por haber utilizado anteriormente a los policías porteños. Es decir, que en esta ocasión no sólo decidió el envío de policías a un territorio externo a su jurisdicción, sino que lo hizo desobedeciendo las resoluciones en contrario de sus superiores.
El último misterio: ¿Habrán sido los mismos policías metropolitanos que protagonizaron la carta de la expresidente los que entraron a patadas en la casa de los padres de Néstor Kirchner, o ese fue solo fue un hecho de vandalismo aislado, desconectado de la causa que ocupa al juez Bonadío?
