Cuando la Justicia parece haberse convertido en un imán de las polémicas argentinas actuales, hay quienes aseguran que los problemas políticos deberían dirimirse justamente en ese ámbito, la política.
“La Justicia debe controlar los actos de gobierno, no solucionar los conflictos políticos”, afirmó a Noticias Urbanas el juez Marcelo Vázquez, integrante de la Sala I en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Miembro también del Consejo de la Magistratura porteño, Vázquez habló de la corrupción en medio del desfile de exfuncionarios K por los tribunales y de la decisión de la Corte Suprema sobre el tarifazo aplicado por Mauricio Macri.
Hizo una fuerte defensa del traspaso de las competencias judiciales nacionales a la Ciudad y negó que por ahora se busque que los magistrados paguen Ganancias. Sin embargo, no esquivó la polémica y reconoció: “A la sociedad le irrita que los jueces no paguen Ganancias”.
–¿Hay una “judicialización de la política”?
–En el caso de las tarifas, donde hubo un amparo de una ONG, la Justicia tiene que determinar si hay una ilegalidad del acto de gobierno por no haber convocado a la audiencia pública previa. Esta cuestión específica de la Justicia, de controlar los actos de gobierno, es distinta a cuando los políticos que no encuentran una solución en su ámbito lo trasladan a la Justicia. Esa a veces no es la mejor solución.
–Macri mantuvo un diálogo con Lorenzetti. ¿Eso es injerencia de un poder sobre otro?
–El diálogo institucional tienen que existir, pero para dirimir el conflicto tienen que llevarse adelante los pasos procesales. Yo no sé si hubo o no ese diálogo, pero aun si el Ejecutivo traslada la inquietud de que haya una decisión rápida, la Corte solamente se puede expedir en cuanto la habilita el proceso.
–En los tribunales desfilan los exfuncionarios, y Macri varias veces exigió avanzar sobre la corrupción K. ¿La Justicia no puede investigar el poder de turno?
–Corresponde que si existe una denuncia se investigue en tiempo y forma, sin contemplar las alternativas de gobierno. Lo mismo que pasa sobre el control de los actos de gobierno, como decía antes, deben ser en tiempo presente.
–¿Se podría replicar a nivel porteño la auditoría que habrá en el Consejo de la Magistratura nacional?
–Los jueces estamos obligados a rendir cuentas siempre, y existen mecanismos constitucionales para controlar la actividad y cómo desarrollamos nuestra función. Me parece que es bueno que haya un control efectivo, y mucho más en el caso de un fuero donde están en juego cuestiones vitales, digamos, que hacen al funcionamiento normal del sistema democrático. Los jueces no debemos no ser controlados.
–¿Cómo va el proceso de traspaso de las competencias de la Justicia nacional a la porteña?
–Hay una etapa previa que tiene que ver con la reforma de la Ley Cafiero. Y la adecuación la establece la Constitución del 94. La Ciudad de Buenos Aires es autónoma, lo que lleva a equipararla al resto de los Estados provinciales. Nunca debería haber estado limitada la jurisdicción, pero esto es una realidad que se mantiene. El Gobierno mandó un proyecto que se espera que el Congreso lo apruebe lo antes posible.
–Usted señaló la demora de años. ¿Por qué ahora sí podría darse el traspaso?
–Es curioso. Si el Congreso hubiera dispuesto la provincialización del territorio federal que era Buenos Aires o si se hubiera trasladado la Capital, la ciudad hubiera quedado equiparada al resto de las provincias hace años. Paradójicamente, quien dispone la autonomía es la Asamblea Legislativa, y llevamos 22 años de demora. El traspaso tiene que darse inexorablemente. No existen razones legales, sino políticas, por las que se mantenga esta situación.
–Si el Congreso aprueba el traspaso, ¿qué viene después?
–Hay que avanzar en instrumentarlo de alguna manera, quizás como pasó con la Policía Federal. De alguna manera debe materializarse el traspaso de las competencias civiles, comerciales, laborales y penales.
–El proyecto habla de siete años.
–Ese es el tiempo límite. Depende de la decisión política que sea más o menos rápido. Si bien puede haber dificultades en la instrumentación porque hay que traspasar magistrados, funcionarios y empleados, tendrán que reformarse leyes locales o cuestiones sobre el modo de instrumentación. Por caso, los juzgados penales están en el Palacio de Tribunales y eso no debe mantenerse. Del lado nuestro tendremos que dotar de infraestructura a todos los juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras.
–¿La resistencia al cambio está dentro de la misma Justicia? Porque ahora hay coincidencia política entre la Nación y la Ciudad.
–No es nuevo que siempre hubo una resistencia corporativa de los que integran la Justicia nacional para pasar a ser jueces locales. Algunos podrán tener más o menos predisposición, pero por regla general siempre hubo resistencia. Quedó transparentado con el comunicado de la Asociación de Magistrados nacionales y las distintas acordadas de Cámaras. Insisto, no existen fundamentos jurídicos para la demora. Es una decisión política.
–¿En qué beneficiaría el traspaso al ciudadano común?
–Los ciudadanos de Buenos Aires tienen indebidamente restringidos sus derechos. En Río Negro pueden ser juzgados por jueces elegidos por sus representantes si se divorcian o tiene un conflicto comercial o laboral. Los únicos que no pueden ejercer ese derecho son los porteños.
–¿La resistencia de algunos jueces puede deberse a una cuestión salarial?
–Hoy tienen mejores remuneraciones los jueces federales que los de la Ciudad. Tendría que haber una equiparación que beneficiara a los integrantes de la Justicia local. Si existen diferencias sobre el régimen horario u otras cuestiones, eso tendrá que acomodarse. Quienes integran la Justicia nacional tiene que verlo como una oportunidad de mejora: pueden pasar a cargos superiores.
–Dentro de esta gran reforma judicial, ¿se contempla que los jueces paguen Ganancias?
–Esa es una cuestión que no depende de una ley porteña. Está regulado a nivel nacional. De hecho, recientemente la Corte convocó a una reunión al respecto.
–¿Pero usted cree que los jueces deberían pagar Ganancias o no?
–Existen razones constitucionales que tienen que ver con el no pago. Asumo que es una situación irritativa para la sociedad, pero entiendo que personalmente nadie por su trabajo debe pagar Ganancias. El sentido del impuesto es otro. Ningún salario debería pagar Ganancias. Entonces, la discusión debería darse desde otro lugar: no si los jueces deberían pagar o no, sino si los trabajadores deben hacerlo o no. Hay actividades que están exentas y deberían pagar. Tendría que haber un sentido de equidad. Pero si hubiera una decisión de que todos los jueces paguen, así debería ser.
