El Gobierno dispuso la prohibición para emitir pólizas y la inhibición de todos los bienes de Interacción SA, la aseguradora de riesgos de trabajo, cuyo principal accionista es el sindicato de los encargados de edificio (Suterh), que conduce Víctor Santa María, líder a su vez del PJ porteño, ya que se detectó en la empresa un déficit de más de 1400 millones de pesos en el capital exigido y unos 5000 juicios no declarados.
La decisión, que será publicada en el Boletín Oficial y está fechada el 18 de este mes, fue tomada por la Superintendencia de Seguros, organismo que controla los balances de las ART, como consecuencia de una inspección de rutina en la que advirtió, hace dos meses, un faltante de 203,5 millones de pesos en el balance de 2015. Si bien la empresa consignaba tener el monto en bancos, no pudo acreditar la existencia de esos depósitos.
El descubrimiento de esa presunta irregularidad llevó entonces a la superintendencia a presentar el 23 de mayo una denuncia, obligación que tienen los funcionarios en estos casos por cumplimiento de sus funciones y que cayó en el juzgado de Claudio Bonadio.
A partir de ahora, cada juicio que tenga que pagar la ART deberá ser constatado en su autenticidad por la superintendencia, que deberá a su vez, autorizar a los bancos a girar los pagos caso por caso.