A través del decreto 873/16 publicado en el Boletín Oficial, el Presidente Mauricio Macri traspasó de Nación a la Ciudad la gestión de los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal.
Sin embargo, la oposición manifestó que el decreto no especifica ninguna de las condiciones en las que se realizará dicho traspaso.
Por este motivo, la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña presentó un pedido de informes para conocer las condiciones de dicho traspaso.
En el pedido de informes se realizan varias preguntas para que el Gobierno de la Ciudad responda acerca de cuál será la autoridad de aplicación, qué presupuesto tendrán los programas, si se respetarán las condiciones laborales de todos los trabajadores afectados a dichos programas y los plazos previstos, entre otras.
La legisladora del Frente para la Victoria (FpV) y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Andrea Conde, también planteó cuestionamientos.
“El traspaso de los centros de régimen cerrado de Nación a la Ciudad es un misterio. Estamos profundamente preocupados porque no hay claridad sobre cuál será la modalidad de traspaso de los y las trabajadores, ni de qué manera y bajo qué perspectiva se trabajará con los adolescentes durante su permanencia en los centros, para prevenir su ingreso y acompañar su egreso”, señaló Conde.
Por último señaló: “La Ciudad no debe desaprovechar esta oportunidad para discutir democráticamente la mejor manera de garantizar los derechos de los pibes y pibas de la Ciudad. La efectiva garantía de derechos requiere de un abordaje integral y con una perspectiva de inclusión social dotado de recursos, políticas efectivas y trabajadores de la infancia jerarquizados”.
