El polémico decreto que firmó Marcos Peña el 26 de julio para usar la base de datos de la Anses para políticas de comunicación oficiales encontró su primera traba: la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento le dio al Gobierno nacional tres días de plazo para que explique las razones del mismo.
La idea de Cambiemos es diseñar las estrategias de comunicación del gobierno nacional, aunque el decreto fue rápidamente señalado como “propaganda política”.
La decisión de la magistrada fue en respuesta a una acción de amparo presentada por un particular contra la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de traspasar la base de datos de la ANSES, donde constan los registros privados de todos los ciudadanos, a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación. “Atento la medida cautelar solicitado oficiese al Poder Ejecutivo Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros) para que –dentro del plazo de tres días- produzca el informe”, contemplado en la ley de Amparo.
Esa ley prevé que “solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud. Con la presentación del informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las constancias documentales que considere pertinentes”.
El amparo fue promovido por la abogada Valeria Laura Carreras, e incluye un pedido de medida cautelar para suspender el traspaso de las bases de datos. La letrada advirtió que habían comenzado a llegar correos electrónicos con propaganda política a ciudadanos. Por ello, denunció penalmente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una causa que recayó ante el juez federal Ariel Lijo y que ya fue informada en el marco del expediente en el que pidió un freno al traspaso de las bases de datos.
