Ex combatientes de Malvinas denunciaron y testificaron en contra del funcionario que actualmente dirige la Subgerencia de Veteranos de Guerra del PAMI, Ernesto Arturo Vallejo. Éste fue acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta de los fondos para las prestaciones médicas de los afiliados del sector.
Los ex combatientes de Malvinas César González Trejo e Isidoro Abel Rausch se presentaron como testigos voluntarios en la causa contra Vallejo, que fue iniciada por otro veterano de guerra, Eduardo Acosta, en el Juzgado Federal Nº 12, secretaría 24, a cargo del juez Sergio Torres.
Los veteranos señalaron en su declaración que el “incremento patrimonial” de Vallejo durante los dos últimos años no se comparece con el salario recibido por su función en el PAMI, así como tampoco “el nivel de vida dispendioso” del subgerente.
Según testimoniaron los ex combatientes, Vallejo adquirió dos inmuebles en Temperley, por 34.000 y 50.000 dólares, respectivamente y realizó en ellos importantes reformas. También compró un automóvil Peugeot 405 modelo 2000 y otro vehículo 4×4. También mencionaron numerosos viajes a las provincias de Chaco y Jujuy, el alojamiento en los hoteles más caros de la zona, restaurantes y discotecas de alto nivel de consumo, centros de juegos de azar, abultadas facturas de telefonía celular, gastos profusos en champagne y joyas de oro.
“Estos datos los conocimos a partir de los que nos relató Carlos Tranchida, el segundo de Vallejo, explicó Trejo a NOTICIAS URBANAS. “Entonces, ante la denuncia de Acosta, acudimos al Juzgado para colaborar con el juez en la orientación de la investigación”, explicó.
PLATA NEGRA
El subgerente del PAMI, junto al actual Presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, Héctor Miguel Beiroa, fueron juzgados y condenados en el pasado mes de abril por el Tribunal Oral No. 25 de la Capital Federal, “a seis meses de prisión condicional” por las amenazas que ambos realizaron contra dos empleadas. Una de ellas, Sandra Betina Almeida, además de demandarlos por ese delito dejó constancia de haberlos sorprendido “contando una suma que, al decir del Beiroa, serían ciento veinte mil dólares para el pago de las prestaciones”. Según informó Trejo a NOTICIAS URBANAS, la subgerencia no maneja el dinero de las prestaciones, sino que solamente fija la política de las mismas. “Evidentemente puede haber una caja negra, que es lo que hay que investigar”, argumentó el ex combatiente.
Vallejo fue propuesto en el PAMI por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, que actualmente dirige Beiroa. “Yo fundé esa institución. Lamentablemente, en los últimos tiempos, desvirtuaron sus objetivos”, remarcó Trejo. También destacó que, “desde la asunción de Vallejo, en el PAMI hay un fuerte deterioro de las prestaciones a los veteranos”.
Según informó el ex combatiente, con Vallejo en el PAMI se suspendió el Programa de Salud para Veteranos de Guerra y su grupo familiar, que contemplaba no sólo las prestaciones médicas obligatorias (PMO) sino también “el funcionamiento de un sistema de atención de autoayuda con un fuerte componente en salud mental”.
El contrato firmado entre el PAMI y COFESA (Cobertura Federal de Salud) en noviembre de 1997 significaba hacerse cargo de alrededor de 36.000 beneficiarios –es decir los 10.000 ex combatientes y su grupo familiar primario-, a cambio de 25 pesos per cápita. Es decir que, anualmente, la cifra total oscila los 10 millones de pesos.
