El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que preside interinamente José Luis Di Lorenzo, propuso al Poder Ejecutivo porteño la actualización de los mecanismos de control y verificación de las antenas torre de telefonía celular y radio instaladas en la Ciudad. También existe en la Legislatura un proyecto de la diputada Marta Talotti (Argentina por Siempre) que busca el mismo fin.
La inquietud del organismo regulador -de la Defensoría del Pueblo y de algunos legisladores- se debe a la constatación de instalaciones desmedidas que no estarían habilitadas y que podrían ocasionar daños a la salud de la población. Con respecto a este tipo de contaminación electromagnética, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiestó, en estudios recientes, que hasta este momento no se demostraron "efectos adversos". Sin embargo reconoció la necesidad de ampliar las investigaciones al respecto e instó a los Estados Nacionales a que apliquen el principio precautorio.
En la Ciudad de Buenos Aires la autoridad de aplicación sobre el control de las emisiones es la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, que a través de la resolución 244/2001 estableció que previo a la colocación de estas antenas, debe realizarse un informe donde consten mediciones de potencia y de radiación. El mismo tiene que ser presentado dentro de los 120 días de instalada antena.
La resolución porteña toma las recomendaciones emitidas por la Secretaria de Comunicaciones de la Nación, en consonancia con los informes de la OMS, y fija limites de exposición a las radiaciones.
Además de que esta normativa no es tenida en cuenta por las empresas que operan en la Ciudad de Buenos Aires, el Ente afirma que tampoco se estaría cumpliendo con lo que marca el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, el cual establece pautas para la instalación de antenas de diversa índole y determina, según el distrito de zonificación, la conveniencia o no de la colocación de las mismas.
Estas consideraciones coinciden con una resolución de la Defensoría del Pueblo porteña -emitida a instancias de una investigación de su defensor adjunto en ecología, Antonio Elio Brailovsky- que afirma que en el subte hay 338 antenas que nunca fueron habilitadas por el Gobierno de la Ciudad y que no existen controles ni sobre las radiaciones que emiten, ni sobre su instalación.
Por todo eso el Ente de la Ciudad le pidió al Poder Ejecutivo porteño que se constate el cumplimiento de la resolución 244/2001, como así también que se verifiquen las instalaciones que no figuran en el listado que posee este organismo regulador, debido a que, en consecuencia, no estarían correctamente habilitadas.
