Este lunes por la tarde, se conformó una amplia mesa de trabajo de organizaciones y referentes expertos en la temática de derechos de niñas, niños y adolescentes con relación al decreto 873/16 que transfiere los Programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal, dependientes hasta el momento de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), a la administración de la Ciudad.
A casi un mes de la firma del decreto, las organizaciones y referentes del tema se reunieron en la Legislatura. Allí se consensuó un documento firmado por todas las organizaciones y legisladores de varios bloques.
El documento expresó la preocupación por los criterios sobre los cuales se está definiendo el proceso que se lleva adelante “a puertas cerradas, sin intercambios ni diálogos con las organizaciones, sindicatos, instituciones y especialistas que vienen trabajando en el terreno de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad”.
El documento fue firmado por representantes de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Defensoría del Pueblo, Julián Axat, Director de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación (ATAJO); Asociación de Trabajadores del Estado SENAF, ATE CDNNyA, CASACIDN (Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño), Asociación Civil La Casona de los Barriletes, Asociación Civil Mensajeros de la Paz, Encuentro por la Niñez y la Adolescencia (Nuevo Encuentro- FpV), Observatorio de Adolescentes y jóvenes del Instituto Gino Germani (UBA), Mario Alberto Juliano, Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal; Norberto Gabriel Kohen, plenarista del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por ONG de Atención Directa; María Florencia Gentile, plenarista del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por la Legislatura; José Machain, plenarista del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por la Legislatura, Darío Pompillo, plenarista suplente del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por ONG de Atención Directa; y Estela de Carlotto.
Además, fue firmado por el los legisladores del Frente para la Victoria (FpV), Carlos Tomada, José Cruz Campagnoli, Gabriel Fuks, Magdalena Tiesso, Pablo Ferreyra, Paula Penacca, Javier Andrade; el legislador de Bien Común, Gustavo Vera; la legisladora de Suma+, María Inés Gorbea, y legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps.
“La Ciudad no debe desaprovechar esta oportunidad para discutir democráticamente la mejor manera de garantizar los derechos de los pibes y pibas de la Ciudad. La efectiva garantía de derechos requiere de un abordaje integral y con una perspectiva de inclusión social dotado de recursos, políticas efectivas y trabajadores de la infancia jerarquizados”, manifestó la legisladora del FpV, Andrea Conde durante la presentación del documento.
La Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, presidida por Conde, ya había presentado un pedido de informes a comienzos de agosto para conocer las condiciones de dicho traspaso. En el pedido de informes se listaban varias preguntas para que el Gobierno de la Ciudad responda acerca de cuál será la autoridad de aplicación, qué presupuesto tendrán los programas, si se respetarán las condiciones laborales de todos los trabajadores afectados a dichos programas y los plazos previstos, entre otras.
“Estamos profundamente preocupados porque no hay claridad sobre cuál será la modalidad de traspaso de los y las trabajadores, ni de qué manera y bajo qué perspectiva se trabajará con los adolescentes durante su permanencia en los centros, para prevenir su ingreso y acompañar su egreso. Estamos de acuerdo con el traspaso pero el gobierno hace todo con un secretismo preocupante. Ya pasó con la justicia, ya pasó con la Policía y sucede lo mismo ahora”, agregó la diputada porteña.
