El 19 de julio se dio a conocer el Decreto presidencial 873/2016, el cual transfiere los Programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal dependientes, hasta el momento, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), a la administración de la Ciudad.
Entre los firmantes de un documento compartido por José Machain, consejero por la Legislatura porteña, que expesa la preocupación de algunos sectores por este traspaso se encuentran: Estela de Carlotto; la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Alejandro Amor y María Elena Naddeo; Julián Axat; la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); ATE SENAF; ATE CDNNyA; CASACIDN; el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA); Gabriel Lerner; Mario Alberto Juliano; Norberto Gabriel Kohen; María Florencia Gentile; José Machain, Darío Pompillo, la Asociación Civil La Casona de los Barriletes; la Asociación Civil Mensajeros de la Paz; la Asociación Civil Limando Rejas; Encuentro por la Niñez y la Adolescencia; la Agrupación Verde y Blanca ATE Promoción Social-CABA; entre otros diputados y diputadas de la Ciudad.
También dejaron su sello Andrea Conde, José Campagnoli, Carlos Tomada, Pablo Ferreyra, Paula Penacca, Gabriel Fuks, María Magdalena Tiesso, Javier Andrade, Gustavo Vera, Inés Gorbea y Adrián Camps.
En el escrito, dejaron explayado que “el traspaso de los dispositivos al ámbito de la Ciudad es parte del proceso de autonomía de la Ciudad, que se inicia con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994. En consonancia a su vez con la Ley Nacional Nº 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que dispone la transferencia de los dispositivos de atención directa a las jurisdicciones respectivas”.
Asimismo, aseguran que mantienen el reclamo de información respecto a cuál será el órgano de aplicación y cuáles los organismos de control, respuestas sobre cuál será la modalidad de trabajo para la inclusión de los/as adolescentes en conflicto con la ley y de qué manera se adecuarán a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de personas menores de edad privadas de libertad, cuáles serán los recursos con los que contarán los dispositivos transferidos y cuál será la situación de los trabajadores frente al traspaso.
El traspaso de estos dispositivos constituye una ocasión para discutir democráticamente la situación de las políticas públicas de atención a niños, niñas y adolescentes y el estado efectivo en que se encuentra el Sistema de Protección Integral de Derechos en la Ciudad.
En otro punto, en el escrito también sostuvieron que “es necesario fortalecer el Sistema de protección de derechos en la Ciudad, única manera de disminuir la cantidad de adolescentes que ingresan a los dispositivos de intervención en esta materia”.
“Este traspaso requiere instaurar una institucionalidad en la Ciudad que priorice los objetivos socioeducativos, de inclusión social y que permita brindar los recursos efectivos para posibilitar un proyecto de vida alternativo a aquellos adolescentes que transitan por estos Centros Cerrados por motivos penales. Por ello, consideramos inadecuada la idea de que, por tratarse de intervenciones respecto de adolescentes que han cometido delitos, debiera centrarse la intervención exclusivamente en ámbitos del Ministerio de Justicia o Seguridad”, resumieron.