La abogada Verónica Heredia de Vendedores Libres solicitó la nulidad de la causa 33072 iniciada por la fiscal Celsa Ramírez, perteneciente a la Fiscalía contravencional 35 para evitar la actividad de “manteros” de Caballito.
La principal razón de este pedido es “la actividad estatal, desplegada en uso de su más potente poder punitivo (más de 10 allanamientos, secuestros de innumerables teléfonos celulares y computadoras ‘peritadas’, cuadernos secuestrados y revisados, innumerables seguimientos a cientos de personas durante años con registros fílmicos, fotográficos, intervenciones telefónicas, requisas”, según explicó Omar Guaraz, delegado sindical vendedores ambulantes (SIVARA).
“Simplemente comparar la pena máxima prevista para la contravención investigada en esta causa, que es de 60 mil pesos, con el costo en hojas impresas, da cuenta de la desproporcionalidad de todo este proceso. Qué decir entonces si además contabilizamos el costo de los recursos utilizados para los allanamientos realizados en los que intervino Áreas del Gobierno de la Ciudad, Policía Metropolitana, Policía Federal; del uso de todo el aparato estatal de inteligencia tanto de la Ciudad como Federal; filmaciones, fotografías, seguimientos, etc., durante casi 4 años”, continuó.
Además, el delegado aseguró que la fiscal y los jueces contravencionales que intervinieron durante el proceso “no han actuado con objetividad, ni con la crítica imparcial que se apoyan en datos y situaciones reales”.
“El requerimiento de nulidad es un inicio para imponer la justicia a los centenares de damnificados y poner al descubierto a estos jueces y fiscales que utilizaron la justicia y su lugar de poder para causar un gravísimo daño a los damnificados y nuestra sociedad”, concluyó.
Lea el pedido de nulidad completo: CONTESTA-REQUERIMIENTO-A-JUICIO.pdf
