La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el sobreseimiento del Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta en la causa por la represión policial en el hospital Borda el 26 de abril de 2013 contra trabajadores del nosocomio.
La decisión que beneficia al Presidente, la Gobernadora y el Jefe de Gobierno fue tomada por la sala III del mencionado Tribunal que no hizo más que confirmar el sobreseimiento ordenado por la Cámara del Crimen de la Ciudad.
La medida también alcanza al ex ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, pero anula el sobreseimiento del jefe y del subjefe de la Policía Metropolitana, Horacio Alberto Giménez y Enrique Pedace. Es decir que los magistrados responsabilizaron la represión a la fuerza metropolitana, y no consideró que haya sido una decisión política.
“Si bien la Constitución de la Ciudad establece que el jefe de Gobierno tiene el mando de la policía local, la Ley de Ministerios dispone que ello lo es por medio del respectivo Ministro, en ejercicio de facultades y obligaciones conferidas por ley al funcionario con competencias específicas. Presentada así la cuestión, no se advierte de parte del por entonces jefe de Gobierno, ni tampoco en la impugnación se señala ningún quebrantamiento de deberes que posibilite habilitar su imputación penal por competencia institucional en este caso. La orden de hacer ingresar personal policial al Hospital fue ministerial, a dicho área competía el deber de aseguramiento de que la fuente de peligro no derrame fuera del cauce de lo permitido. Por todo ello propongo al acuerdo confirmar el fallo recurrido en cuanto sobreseyó a Mauricio Macri, sin costas”, explica la sentencia.
Sobre Guillermo Montenegro sostuvo: “Aún cuando podría haber tenido implicancia jerárquica en el evento, a partir de lo que establece la ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, es claro que no estaba en el lugar para actuar en forma directa, sino en todo caso a través de terceros. Es cierto que se ha probado que existieron múltiples llamadas telefónicas entre este funcionario y Giménez, pero no se conoce el tenor de estas conversaciones, ni subsiste la posibilidad de realizar medidas probatorias útiles en este aspecto. También es cierto que el evento había tomado estado público a través de los medios masivos de comunicación. Pero no existe probanza alguna que sirva para acreditar que Montenegro estaba al tanto de estas noticias”.
“Tampoco acredita estos conocimientos la conferencia de prensa que al respecto brindaron las autoridades de la ciudad, porque se produjo después de los hechos. Podríamos presumir que el ministro Montenegro supo lo que estaba ocurriendo en tiempo real, o podemos estimar que lo presumía, pero en todo caso este nivel probatorio no es suficiente para acreditar el conocimiento que debía tener para poder actuar en función de la imputación penal que se le podría hacer, dados los hechos de la causa. No se cuenta con elementos para avanzar en un reproche penal, al menos por los actos de represión que tuvieron lugar en el Hospital Borda”.
En aquella ocasión, la Policía reprimió duramente a un grupo de médicos, pacientes y empleados estatales que se habían concentrado en las inmediaciones del Hospital para oponerse a la demolición de un taller protegido.