Raquel Herrero, auditora general de la Auditoría General de la Ciudad, dialogó en exclusiva con Noticias Urbanas acerca de la actualidad del organismo que controla al gobierno de la Ciudad.
Es una de los siete auditores con las que cuenta el organismo liderado por Cecilia Segura. Hay cuatro fuerzas políticas dentro de la AGC: tres del Pro, dos del Frente Para la Victoria, uno de la Coalición Cívica, y otro de ECO.
Respecto de la actualidad de la Auditoría, señaló “estamos bien, nos estamos conociendo. La Auditoría es un organismo de control que lo que hace es respetar un plan de Auditoría que vota la Legislatura y estamos llevando a cabo las auditorías de diferentes áreas, tratando de sacar los mejores informes de manera de poder darle al Ejecutivo una herramienta más para poder resolver algunos desvíos que puede haber que tiene que ver con gestión”.
El organismo de control de la Ciudad de Buenos Aires tiene como plan el seguimiento de las obras correspondientes a la línea de subterráneo H, que se vieron envueltas en una polémica tras la construcción de la estación Santa Fe. En principio, porque la reciente inaugurada estación de la H no conecta con la línea D, estación Pueyrredón, aunque se cruzan. Ante tal inconveniente, el Gobierno de la Ciudad resolvió implementar los Subtepass e informó que las obras estarán completadas al cabo de los próximos seis meses.
Luego, apagados los ecos de la inauguración de la estación Santa Fe de la Línea H, surgió de manera pública que el Gobierno de la Ciudad paga una multa de 2 mil pesos por día desde febrero de 2015 al Bar Duero, a quién le expropió el terreno, por no terminar las obras a tiempo. En ese contexto la presidente de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, cuestionó que “Subterráneos de Buenos Aires delegó en una empresa que carecía absolutamente de antecedentes la gestión de todo el proceso de expropiación. En el caso específico de la estación H, además, la ley especificaba que la expropiación de los comercios debía ser total y no parcial como se hizo con el bar Duero”
Por su parte, Herrera adelantó que “haremos la auditoría correspondiente y veremos cuál es el resultado”, al mismo tiempo que aclaró que la Auditoría “no es la Gestapo, para eso está la justicia, en todo caso. Tenemos que apostar a la división de poderes en serio y que cada uno haga lo que le da facultad su cargo”.
En otra línea, la ex legisladora se refirió a la ley de paridad de género, que fue reclamada por casi todo el arco político la semana pasada. Herrero decidió destacar que no es “ni machista ni feminista” y que todo se trata de contar con “igualdad de oportunidades para todos”.
“Me parece que esto de tanto por ciento de un lado o del otro, no sé si yo estaría tan de acuerdo”. No me parece necesario que haya una minoría de mujeres o una mayoría de varones, me parece que lo que tiene que haber es igualdad de oportunidades para todo el mundo. Y que no tiene que estar agarrado a un número, sino a las capacidades que puede llegar a tener un hombre o una mujer. En ocasiones habrá más mujeres y en otras más hombres”.
También destacó que “hay muchas mujeres que son más machistas que un hombre, porque ellas mismas se ponen en inferioridad o superioridad de condiciones. Yo creo que hombre y mujer pueden complementarse”.
Por último, acerca de la tragedia de Time Warp, la fiesta electrónica que culminó con la vida de cinco jóvenes, consideró que “lo que pasó esa noche no tiene que ver con una habilitación o no. Acá lamentablemente tiene que ver con el flagelo de la droga”. Comparó la tragedia con la de Cromañón y señaló que “es distinto a otras cosas que han pasado como por ejemplo lo que pasó en Cromañón. Yo una de las cosas a las que me opuse cien por ciento es a que comparemos lo que pasó esa noche con lo que pasó en Cromañón, donde si realmente habían otros temas que tenían que ver con el control que tiene que hacer el Estado con la seguridad de un boliche”.
Por la causa Time Warp están siendo investigados cinco inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, ya que, según las pericias del fiscal Federico Delgado, el local de Costa Salguero estaba ocupado más de tres veces más de su capacidad. También señaló que “la ausencia de un control y seguimiento de esa situación, sumado al hacinamiento, falta de ventilación, dificultades o nulo acceso al agua y a la atención médica, entre otras, dejó desprotegidos a quienes asistieron al lugar y ello sin ninguna duda acarrea consecuencias penales para los responsables”.