La Justicia porteña dictó la nulidad de la resolución del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), que habilitaba a las inmobiliarias a cobrar comisiones superiores al 4,15 por ciento de los contratos de alquiler, se informó hoy.
El fallo avaló la medida cautelar que había prohibido cobrar comisiones superiores al 4,15 por ciento de los contratos de alquiler, resuelta por el Cucicba en mayo.
“La medida tiene un impacto enorme. En la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires alquilan más de 900 mil personas, es decir, un tercio de la población. El precio de un alquiler promedio es de 8.000 pesos, por lo que estimamos que el impacto económico del fallo superaría el millón de pesos al año”, indicó Sebastián Pilo, Co-Director de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
ACIJ junto a Inquilinos Agrupados fueron las organizaciones que iniciaron la causa en la Justicia porteña por “el cobro de comisiones ilegales por parte de las inmobiliarias, a los inquilinos de vivienda única en la Ciudad de Buenos Aires” en la que se expidió en forma definitiva el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Segón.
El fallo judicial, dictado ayer, resuelve la “cuestión de fondo” al disponer la “nulidad” de la resolución de Cucicba. “Los corredores inmobiliarios no podrán cobrar en concepto de comisión a inquilinos y/o potenciales inquilinos de un inmueble con destino a vivienda única un importe superior al 4,15 por ciento del valor total del respectivo contrato”, precisa la sentencia.
Para Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados sostuvo que “es la primera victoria de los inquilinos sobre el mercado inmobiliario”. “Hemos quebrado una lógica de impunidad, inaugurando así la voz de un sector que ha decidido ser protagonista en su derecho a vivir en la ciudad de forma digna, justa y equitativa. Es el comienzo del camino para alquilar de forma justa en la ciudad de Buenos Aires”, finalizó.
En el fallo, la Justicia instó además al Cucicba a que en el plazo de treinta días “implemente un plan para el control efectivo sobre el cobro de aranceles por parte de los corredores inmobiliarios”; “confeccione un plan integral para la difusión pública del monto máximo”, y “elabore un plan a los efectos del control respecto de sus matriculados”.
Por último, se dispusieron multas de entre 5.000 pesos y 20.000 pesos, según el tipo de incumplimiento. La Justicia basó su fallo en que “librar a la autonomía de la voluntad y, por tanto, a la libertad de mercado fuera de los estándares estatales y en términos exorbitantes, el precio a abonar por comisión de inmobiliarias en miras a acceder a la vivienda única y digna (…), no se condice con la protección estatal, a nivel legal, constitucional, y los tratados con esta última jerarquía”.
