Un cambio electoral fuerte se avecina en la Ciudad. Con el impulso del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el plan lleva el nombre de “Reforma Política” y ya se transformó en un proyecto de ley que podría sancionarse antes de fin de año. Al menos así lo espera el Ministerio de Gobierno porteño.
Hoy las elecciones se rigen bajo legislación electoral nacional y uno de los grandes temas políticos del año, cuando falta cada vez menos para las legislativas de 2017, es el de la creación de un Código Electoral específico para la Ciudad de Buenos Aires. Esto significa que el ámbito porteño podría definir sus propias autoridades y competencias electorales, así como regular sus procesos e incluir cambios tecnológicos, como la boleta única electrónica.
El documento, que será presentado en la Legislatura en septiembre, es el producto de meses de consenso –entre abril y agosto– entre distintos sectores, en audiencias públicas de las que participaron funcionarios, legisladores oficialistas y opositores, miembros de la sociedad civil, asesores y técnicos expertos. En el Ministerio de Gobierno, órgano impulsor, quieren que se transforme en ley antes de fin de año. El titular de la cartera, Bruno Screnci Silva, impulsó el diálogo en el primer semestre de 2016 con la mira puesta en las elecciones de 2017. El funcionario que siguió de cerca el devenir de las ideas fue el subsecretario de Reforma Política, Hernán Charosky.
“A lo largo de estos meses celebramos cinco reuniones. Una fue para delinear el temario; otra para tratar el tema de las autoridades electorales; otra fue para discutir los derechos políticos, entre ellos el tema de la paridad; otra fue para debatir campañas, financiamiento y publicidad, y, por último, se habló de tecnologías en el proceso electoral”, dice el sociólogo, máster en Políticas Públicas, que dedicó su carrera a temas de transparencia y control de la corrupción. Coordinó hasta el año pasado la ONG Argentina Debate, uno de los organismos que impulsó con mayor fuerza el primer debate presidencial de la historia argentina.
En las reuniones, además de políticos, participaron paneles de expertos. Al final de cada una se celebraron talleres de trabajo en grupo, para generar “insumos”. El resultado son pautas de diseño de autoridades que delimitan las competencias de implementación y las judiciales; la formalización de auditorías para mejorar la transparencia; la institucionalización de avances tecnológicos; la consolidación de las normas de financiamiento público, y la mejora en la rendición de cuentas del financiamiento privado de las campañas.
El debate en el recinto de la Legislatura todavía no empezó, y las controversias tampoco, asegura Charosky: “Como se generó un ámbito de discusión abierto donde planteamos temas y recibimos inputs, en la mayor parte de los puntos hubo consenso. Hay algunos matices que no tienen que ver tanto con lo político como con opiniones técnicas, por ejemplo, lo que tiene que ver con las autoridades fiscales”.
Uno de los temas en los que hubo mayor consenso es en el de paridad de género. Sobre el final del debate, muchos consideraban que la inclusión de esa cuestión era un paso obligado después de haber discutido el cupo femenino. Actualmente, el porcentaje femenino en los órganos políticos y legislativos es del 30 por ciento; el proyecto de reforma busca que la representación de hombres y varones en cargos y bancas sea igualitaria (50 y 50) y también en las instancias de dirección y decisión. La norma afectaría a funcionarios, a miembros de partidos y movimientos, así como a legisladores e integrantes de las juntas comunales. Busca un sistema de paridad uno y uno, con alternancias entre sexos en las listas para los cuerpos colegiados colectivos, plurinominales y para las juntas.
Sin embargo, se adelantan y vislumbran discrepancias en torno a la introducción de la tecnología: “No hay posiciones radicalmente opuestas. Los temas más delicados tienen que ver con cómo se diseñan las autoridades y cómo institucionalizamos la introducción de la tecnología, que se hizo en 2015”. El funcionario se refirió así a la implementación que se hizo en las elecciones para definir el jefe de Gobierno porteño, donde los principales candidatos eran Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Mariano Recalde.
Al día de hoy continúan las sospechas sobre la seguridad del sistema respecto a las elecciones del año pasado. Desde el Frente para la Victoria se muestran en contra de la boleta electrónica, que también quiere implementar a nivel nacional el gobierno de Mauricio Macri: “El sistema no garantiza ni el voto secreto, ni tampoco la seguridad en la transferencia de datos”, dijo días atrás el diputado nacional kirchnerista Juan Cabandié, en su cuenta de Twitter.
El año pasado, Lousteau, que compitió con el partido ECO, también se mostró en contra: “El voto electrónico sirve solamente para acelerar el escrutinio provisorio, y la celeridad no es lo más importante de la democracia. Estás entregando el traslado de lo que alguien decide a una empresa, que es renuente a mostrar su software para auditarlo”, dijo en un programa de televisión. Resumió así las principales críticas que recibe el sistema.
El año pasado hubo quejas por la seguridad del sistema. Uno de los casos de denuncia fue el de Joaquín Sorianello, un experto en informática que detectó fallas de seguridad en el software. Aseguraba, entre otras cosas, que se permitía que se sumen varios votos de un candidato en una misma boleta. El programador fue apuntado como supuesto hacker, sufrió un allanamiento de la Policía Metropolitana, se le abrió una causa, pero meses después fue sobreseído. El Gobierno porteño asegura que la confusa situación ocurrió por la falta de reglas en el sistema:
“Esto fue por avanzar en la implementación de tecnología sin profundizar en la institucionalización. Si tenías a alguien que de repente te hackeaba el sistema de una manera no dañina, como aparentemente fue el caso, no tenías el esquema institucional para tomar esto para mejorar el sistema, en lugar de rechazarlo. Justamente, estamos tratando de hacer eso. Creo que hubo un avance positivo en la incorporación de tecnología, pero es necesario un marco de institucionalización. Queremos maximizar el sistema de auditoría y control, tanto interno como externo”, insistió.
Acceso a la Información Pública
Además de crear nuevas pautas electorales y de participación, dentro del paquete de la reforma política también se incluye una modificación en los parámetros y procesos del Acceso a la Información Pública. Para esto también se celebró una serie de encuentros. En las charlas con diferentes sectores políticos y sociales, e incluso actores del mundo del periodismo, se discutió el tema del acceso a la información pública como derecho humano; sus procedimientos y reglas de juego, y las formas de alcanzar una “transparencia activa”. Es decir, donde el Estado participe del proceso a través de la publicación de información. El horizonte del programa de reforma para el año que viene es trabajar en una ley de partidos políticos con la misma metodología.
