Ricardo Jaime fue secretario de Transporte de la Nación entre 2003 y 2009. Entre sus múltiples obligaciones como funcionario público tenía la de fiscalizar el modo en que la empresa Terminal de Buenos Aires (TEBA S.A) llevaba adelante la explotación de la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro. El dueño de esa compañía es Néstor Otero, un empresario al que el Frente para la Victoria le otorgó varios negocios vinculados con terminales de transporte en distintos lugares del país.
Jaime confesó haber sido coimeado durante su paso por la administración pública. Uno de los casos por los que fue condenado involucra al empresario Otero, quien fue el que le pagó mensualmente el alquiler del departamento donde el exsecreario vivía mientras controlaba la concesión. Al mismo tiempo que vivía en un departamento que pagaba Otero, Jaime le extendió desde 2006 hasta 2015 el contrato de explotación de Retiro, por un canon menor al que venía pagando a su benefactor.
Las enormes prestaciones del exfuncionario al empresario fueron pagadas por este último con creces. La Justicia comprobó que Otero le “regaló” a Jaime un hotel en Carlos Paz, una camioneta y una casa en un barrio cerrado de San Isidro.
Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando estaba a cargo del presidente Mauricio Macri, le otorgó a Otero el negocio de la Terminal de Ómnibus del Sur. El empresario tiene prorrogada (hasta que se haga una nueva licitación) la explotación de la Terminal de Retiro.
Desde ayer, está imputado en una causa por lavado de dinero. El fiscal Franco Picardi abrió la investigación para determinar si el empresario cometió delito cuando utilizó en agosto de 2014 una cuenta bancaria personal en el Banco Sáenz para realizar 39 trasferencias por 7.480.000 de pesos a cuentas correspondientes al grupo integrado por TEBA y otras sociedades.
Picardi impulsó el inicio de la causa e imputó a Otero a partir de una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que recibió información del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Al expediente judicial se sumaron también reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de sociedades que integran el Grupo Otero.
Según la imputación el empresario depositó en su cuenta personal cheques por los que otras empresas le realizaron pagos a TEBA.
Y desde la cuenta de Otero se hicieron transferencias para el pago de sueldos de otras firmas que integran el grupo empresarial cuyo centro es TEBA. Para la época (según se desprende del escrito del fiscal) la cuenta de TEBA estaba embargada debido a un reclamo judicial del Gobierno de la Ciudad por deudas del pago del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). Un juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario había ordenado un embargo de 18 millones de pesos por la deuda de TEBA. Luego la empresa acordó un plan de pagos con la Ciudad. Como la cuenta de TEBA estaba embargada, Otero usaba la propia para mantener el giro comercial de su compañía.
El caso está a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, ante quien Picardi presentó la imputación en la que señaló que se debe investigar el caso “para intentar dilucidar cuáles han sido los motivos tenidos en miras para operar del modo especificado. Es decir, para esclarecer a qué obedece la dispersión y confusión patrimonial detectada que se deriva del proceder del grupo económico, del propio Otero y que podría involucrar a terceros”.
Una de las medidas pedidas por Picardi es la de certificar todas las causas penales que tenga tanto Otero como el resto de los involucrados en la maniobra.
