Al respecto de las denuncias que recaen sobre la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, por la posesión de 245 mil pesos y 50 mil dólares injustificados, su nuevo abogado Ricardo Gil Lavedra solicitó al juez Ariel Lijo su sobreseimiento por “ausencia de delito” y “carencia de objeto definido” en la causa que yace en su contra.
Sobre el origen del dinero, Michetti aclaró que los 50 mil dólares fueron prestados por su novio y que “este préstamo fue incluido” en sus “declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias, y en las declaraciones de impuesto a las ganancias y a los bienes personales de Juan Tonelli”.
“Es importante tener en cuenta que todas estas declaraciones juradas fueron presentadas a la AFIP con anterioridad a la promoción de la denuncia que dio origen a esta investigación”, arremetió Michetti.
En el escrito no sólo se explica el origen de los casi 200 mil pesos, que serían donaciones para la cena de recaudación de fondos de SUMA, sino que también Michetti defiende la integridad de su imagen política: “Sigo viviendo en la misma casa del barrio de Balvanera desde hace más de veinte años, no poseo otros bienes que los que figuran en mis declaraciones juradas, tengo un estilo de vida sumamente austero. No tengo propiedades ocultas, ni cuentas en el extranjero, ni bienes rumbosos. Se me puede investigar hasta el hartazgo y nada raro aparecerá, porque nada hay. Hacer política no es sinónimo de corrupción o enriquecimiento, no somos todos lo mismo, señor Juez”.
Y adhirió: “Soy la primera interesada en que no quede margen de duda de que he actuado, en todo momento, conforme a derecho y que no he cometido delito alguno, por lo que solicito a V.S. que disponga rápidamente la realización de toda la prueba que entienda pertinente, que me solicite toda la información que considere necesaria, para que luego así lo declare expresamente disponiendo mi sobreseimiento”.
Así, en función a su denuncia por supuesto enriquecimiento fiscal, la Vicepresidente adujo: “Del contenido de la denuncia, que el Fiscal recoge en su dictamen, sólo surge como hipótesis delictiva el origen de las sumas de dinero sustraídas en mi domicilio, sin que se advierta qué relación puede tener esto con la actividad de las fundaciones que se enumeran, pues respecto de ellas no se describe ningún hecho concreto que pueda catalogarse como delictivo por lo que no puede formar parte de la imputación. Cabe señalar que el modo en que ha sido planteada la denuncia carece, en virtud de las exigencias formales previstas por la normativa aplicable al caso (art. 176 del CPPN), de objeto definido”.
Y, en relación a su defensa jurídica, expuso: “La genérica y confusa descripción fáctica de la denuncia, a la que pareciera seguir el requerimiento de instrucción, me impide conocer adecuadamente cuáles son los hechos que concretamente se me atribuyen. Esto puede traducirse en una afectación al derecho de defensa en la medida que, en algunos aspectos, me veda la posibilidad de conocer con precisión cuál es la conducta de la que debo defenderme”.
