La última jornada de la Audiencia Pública por la tarifa del gas terminó a media mañana, después de una hora y media de exposiciones. En total hablaron 420 oradores de los 373 que se habían anotado previamente.
Tras el fin del trámite, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, brindó una conferencia de prensa en la que agradeció “la muestra de civilidad” de los que intervinieron en las tres jornadas que duró la Audiencia y aseguró que “hemos escuchado y mañana lo analizaremos y vamos a ver su aplicación. Vamos a cambiar lo que es correcto hacer”, finalizó.
El ministro -que terminó dando muestras de un cansancio evidente- estuvo presente en las tres jornadas, aunque por momentos se ocultó tras un biombo ante los constantes abucheos que recibió de parte de algunos de los presentes. “Vamos a producir un informe en los próximos 10 días, que refleje todas las voces”, señaló, cuando la reunión con los periodistas agonizaba.
Este domingo, cuando iban a tener oportunidad de hablar todos los inscriptos que se habían ausentado en las dos jornadas anteriores, sólo se hicieron presentes doce de ellos, por lo que a las 10:30 todo terminó. El viernes, en cambio, la sesión comenzó a las 9:00, puntualmente, y culminó a las 23:00, tal como sucedió el sábado, que se inició a la misma hora y duró hasta las 22:00.
Si bien estaban inscriptos, muchos intendentes peronistas del Conurbano bonaerense consideraron inútil hacerse presentes -están convencidos de que ya existe una decisión tomada por parte del Gobierno nacional- y faltaron a la cita para concentrarse en los pasos futuros. La misma actitud tomaron los gobernadores justicialistas, muchos de los cuales verán aumentadas sustancialmente las cifras de las regalías que cobran en sus provincias por el consumo del gas.
La dualidad en las posiciones de éstos es evidente. Por una parte, defendieron a los sectores más humildes de sus provincias perjudicados por el tarifazo, incluso interponiendo algunos amparos, pero por la otra deben gobernar territorios en los que la recesión entraña una evidente disminución en los ingresos fiscales a sus provincias, por lo que pusieron a mal tiempo buena cara y resolvieron -grondonísticamente- que “todo pasa”, que lo que falta por un lado ingresa por el otro y que la vida les dio una compensación que no dejarán que escape de sus manos.
La evidencia del hecho consumado -el ministro no dio un paso atrás desde el principio, sin amedrentarse ante los cuestionamientos que recibió por el tarifazo- hizo que la Audiencia finalizara lánguidamente, casi sin vigor. Sólo quedará para el futuro la acción de algún empecinado como Fernando Gray -intendente de Esteban Echeverría- que en principio tiene proyectado volver a la Justicia (ver aparte).
Habrá que ver qué impacto tendrá sobre las apelaciones futuras el hecho de que Aranguren se haya negado de forma terminante a revelar el precio del gas en boca de pozo, porque el fallo de la Corte Suprema de Justicia lo obligaba a “blanquearlo”.
