El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y el de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, comenzaron a ser investigados por el derrame de cianuro en la mina Veladero de San Juan.
El juez federal Sebastián Casanello realizó esta semana una serie de procedimientos en esos ministerios en busca de información para determinar si cumplieron con los controles que establece la ley de glaciares.
Fuentes judiciales informaron que con esas medidas los funcionarios quedaron bajo la lupa judicial y podrían sumarse a la imputación que pesa sobre sus antecesores en el gobierno de Cristina Elisabet Kirchner por no controlar la explotación de la empresa canadiense Barrick Gold en Veladero.
Los pedidos fueron realizados por el fiscal federal Ramiro González, quien en los próximos días deberá resolver si imputa formalmente a Bergman, a Aranguren y a funcionarios del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y del Consejo Federal de Medio Ambiente (COMEFA).
Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación presentó hoy una denuncia penal en San Juan contra la Barrick Gold por el derrame. El organismo pidió investigar fallas en los controles de la mina, que fue cerrada preventivamente por el gobierno de San Juan.
La semana pasada se conoció que el 8 de septiembre hubo un derrame de cianuro en la mina de Veladero. Barrick Gold informó que se produjo por el desacople de una cañería pero el hecho dejó dudas porque hace un año se produjo un incidente similar. Al principio, Barrick Gold minimizó el caso pero luego se supo que un millón de litros de cianuro se vertieron en el río Potrerillos.
Casanello y González investigan al ex secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, al presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, al secretario ambiental provincial, Domingo Tello, y a directivos de Barrick Gold, por su responsabilidad en la falta de controles sobre la empresa. También tenían a su cargo la investigación por el derrame pero la Corte Suprema les quitó el expediente y resolvió que ese tramo lo debe llevar la justicia de San Juan.
Los abogados de la “Asamblea Jáchal No se Toca”, Enrique Viale y Diego Seguí, se presentaron en la causa y pidieron que se investigue a los funcionarios actuales para determinar si cumplieron con la ley 26.639 para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial que fija controles para las explotaciones en esa zona.
“Se desprende que podrían haber existido diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero”, sostuvo González en su dictamen.
El fiscal requirió del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable toda la información sobre la aplicación de la ley de glaciares en Veladero, qué acciones realizó, cuál fue el último informe que realizó y si en la mina se llevó a cabo una auditoría ambiental, entre otros pedidos.
“Se desprende que podrían haber existido diferentes incumplimientos y/u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero”, sostuvo González en su dictamen.
El fiscal requirió del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable toda la información sobre la aplicación de la ley de glaciares en Veladero, qué acciones realizó, cuál fue el último informe que realizó y si en la mina se llevó a cabo una auditoría ambiental, entre otros pedidos.