La relación de Argentina con Gran Bretaña está sufriendo una serie de fuertes cambios desde la entronización del nuevo Gobierno, que encabeza Mauricio Macri. Después de una etapa de diez años en la que existió, como mínimo, un período de “enfriamiento”, las misiones comerciales comenzaron a llegar a Buenos Aires y la acción del Foreign Office comenzó a tomar cuerpo de a poco.
Cambiemos en el comercio
El cinco de mayo último, desembarcó en Buenos Aires una delegación de empresarios ingleses, encabezada por el ministro de Inversión del Reino Unido, Lord Mark Price. Los medios británicos advirtieron que éste era “la primera misión comercial en Argentina en diez años”, a la vez que señalaban que se habían acelerado los tiempos al máximo para sellar un Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, antes de que Venezuela asumiera la presidencia pro-témpore del bloque sudamericano, por temor a que éste fuera boicoteado.
El diario británico “The Telegraph” anticipaba que “Lord Price llamará a avanzar en un acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el bloque del Mercosur de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay”, omitiendo incluir a Venezuela y a Bolivia -que se encuentra por estos días en proceso de incorporación- como integrantes del organismo. El periódico destacó especialmente que los acuerdos comerciales con Argentina se están reanudando luego de varios años de “profundo congelamiento” de las relaciones.
Lord Price, que anteriormente se desempeñó como “managing director” de Waitrose, una de las cadenas de supermercados más grandes del Reino Unido, señaló que “si queremos mejorar nuestras exportaciones a América Latina, es vital que construyamos vínculos comerciales fuertes, no sólo con los socios comerciales tradicionales, como Colombia, sino también tener unas relaciones renovadas con Argentina”.
Cambiemos en la cuestión Malvinas
Pero la serie de acuerdos no terminó allí. Inclusive, una declaración bilateral firmada por Argentina y Gran Bretaña despertó recelos en el arco político, dada la naturaleza del statu quo de las Islas Malvinas para el país, por las razones por todos conocidas.
En ese documento, que fue firmado por la canciller argentina Susana Malcorra y el ministro británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, se acordó el restablecimiento de los vuelos entre el archipiélago y otros países, con dos escalas mensuales en territorio argentino y la adopción de las “medidas apropiadas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.
A cambio, los ingleses sólo se comprometieron -aunque no sea un tema menor- a facilitarle a la Cruz Roja Internacional la tarea de identificación de los cuerpos de una veintena de soldados argentinos que encontraron la muerte en la guerra iniciada el dos de abril de 1982.
Al firmar este acuerdo, Malcorra se arriesgó -según los analistas- a violentar la Ley 26.659/11, que multa a las petroleras que realicen actividades exploratorias en la plataforma del Mar Argentino sin permiso del Gobierno nacional y también veda la participación de cualquier empresa que opera en el país en la misma actividad. Lo mismo, está prohibida la actividad pesquera en las mismas condiciones, para todas las empresas que no sean argentinas.
Esta ley detuvo en los últimos años la depredación petrolera de empresas conformadas por aventureros, que desconocen las resoluciones de Naciones Unidas sobre la explotación de recursos naturales en zonas que están en litigio.
Un problema semántico
El miércoles último, el vicecanciller argentino, Carlos Foradori, debió asistir a la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja para defender la naturaleza de la declaración bilateral argentino-británica. En ella debió utilizar frases extremas, absolutamente ajenas al lenguaje diplomático, como que “tenemos la camiseta argentina puesta, que nadie lo dude”, dada las acusaciones de la oposición, que le espetó a su responsable -Susana Malcorra- la disposición a realizar actos reñidos con la defensa de los intereses argentinos con tal de llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas, una posición a la que aspira.
La propia Elisa Carrió, una de las mentoras de Cambiemos, le reprochó en su propia cara a Foradori que “es una prepotencia de poder que esta presidenta y el Congreso se enteren por los diarios de lo que usted dialoga con Gran Bretaña. Así como ustedes pueden avanzar, nosotros podemos retroceder”, amenazó, aunque muy al estilo Carrió, cuyas palabras jamás serán otra cosa que palabras.
Los chiporroteos de las vísperas
Lo curioso sucedió el martes último, el día anterior al de la concurrencia de Foradori a la Cámara de Diputados. Ese día el interbloque de Cambiemos sostuvo un encuentro en el que se consensuó, con la presencia del propio vicecanciller, la manera en la que se iba a defender el acuerdo.
Lo primero que se decidió explicar en la reunión del miércoles, a instancias de Foradori, fue que “es un acuerdo de pautas, no un acuerdo marco” y que era necesaria “una explicación bien clara de porqué, para qué y qué se gana con esta actitud, porque sino vamos a pagar un alto costo político”.
El principal problema que debían enfrentar -según los propios integrantes del bloque- eran las propias, sensibles palabras “soberanía” y “acuerdo”, que remitirían, según evaluaron, a un avance en la relación con el Reino Unido, haciendo concesiones ante este país, sin contrapartida de parte de éste. Para hacer catarsis, incluso se utilizaron los términos “unidos” y “trabajo en equipo”, que sonaban a poco ante tamaña concesión realizada al antiguo enemigo de guerra.
Quedó para el final una frase del vicecanciller, Carlos Foradori, pronunciada el miércoles en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Allí expresó que “no hay ninguna cesión de derechos de soberanía”, ya que en el texto está previsto que ninguno de los temas que éste contiene será utilizado para el debate por la soberanía, precisamente. Si ésta no es una cesión de derechos, para peor sin contrapartida, es que el texto está mal redactado.
Hizo ruido además la disconformidad -expresada en voz baja por algunos diputados en corrillos circundantes- con la declaración, que fue defendida por algunos integrantes del bloque apenas a regañadientes. Éstos acusan a la canciller de ceder demasiado al Reino Unido a cambio de que no veten su candidatura, una potestad que posee la reina en la Comisión de Seguridad de la ONU.
