El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró y dio a conocer recientemente un informe sobre el efecto que los incrementos tarifarios tienen en los hogares del GBA, bajo la categoría de pobreza energética.
“La pobreza energética es una dimensión específica de la pobreza en la cual los hogares presentan severas dificultades para hacer frente a los gastos energéticos. Constituye un indicador diferente respecto de las tradicionales estimaciones en torno a la pobreza e indigencia, por lo que se recomienda estudiarla de manera independiente. Es posible identificar dos grandes tipos de aproximación metodológica para la cuantificación de la población con pobreza energética: por un lado, el enfoque de los ingresos insuficientes y, por otro, el enfoque de las privaciones absolutas”, se expone en el documento presentado por la entidad.
La metodología propuesta en este documento de trabajo sigue el enfoque de los ingresos insuficientes. En este marco, se propone una canasta energética mínima que se ajusta según el tipo de hogar y las características propias de la vivienda, tales como el acceso a la red de gas natural, el acceso a la red de agua potable y otros controles. Los hogares se consideran “pobres energéticos” si la proporción del ingreso disponible que deben destinar para satisfacer los requerimientos de la canasta energética normativa supera el 10 por ciento.
En virtud de la metodología empleada, y considerando la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios de gas y de electricidad de 2016, se estima que el 34 por ciento de los hogares de la región metropolitana (CABA y AMBA) padece pobreza energética. Según los cálculos del presente estudio, más del 40 por ciento de los menores de 18 años es pobre energético, siendo el porcentaje de 42 por ciento para los menores de 5 años. Del total de pobres energéticos, el 38 por ciento es menor de 18 años según datos provistos por el informe.