El estereotipo de Heidi quedó definitivamente atrás, o al menos será un physique du rôle al que apelará solamente para los timbreos y las fotos. Lejos de ese espíritu ingenuo, María Eugenia Vidal le mostró los dientes nuevamente a la corporación pública bonaerense que más le preocupa: las fuerzas de seguridad.
En una medida sorpresiva y anunciada en forma abrupta, la gobernadora descabezó al cuestionado Servicio Penitenciario provincial y llevó a cabo su segunda gran purga en los diez meses que lleva de gestión.
En total, son 132 los oficiales superiores desplazados, incluida toda la plana mayor y el jefe, Fernando Díaz, cuyo desempeño ya había sido muy criticado en Salta y quien, vale recordar, había sido nombrado por Vidal a fines de diciembre, tras la escandalosa fuga de los detenidos por el Triple Crimen de General Rodríguez.
También se dispuso la intervención de la institución a cargo de un funcionario civil –el actual subsecretario de Política Penitenciaria, Juan José Baric–, que permanecerá en ese rol durante los próximos 90 días y reportará directamente al Ministerio de Justicia, a cargo del exsciolista Gustavo Ferrari.
“Este tipo de decisiones son con toma de riesgo”, admitió la gobernadora bonaerense. Con una nueva purga, Vidal acelera su reforma de seguridad.
Fuentes del vidalismo explicaron a Noticias Urbanas que el momento elegido para este nuevo capítulo de la reforma integral no fue determinado por algo en particular sino “cuando ya estaban dadas las condiciones para avanzar”, aunque la jugada se manejó con mucho sigilo y en un diálogo permanente entre Vidal y Ferrari. Un miembro del equipo de comunicación de la Secretaría que dirige Federico Suárez confesaba que se enteró del anuncio “la misma tarde del lunes” y que la misma suerte corrieron “varios de los oficiales a los que Ferrari les avisó que debían dejar su cargo”.
Al día siguiente de darse a conocer la noticia de la segunda purga vidalista –la primera fue a la Policía Bonaerense–, la gobernadora explicó en conferencia de prensa los alcances y admitió que “este tipo de decisiones son con toma de riesgo”. Es que en La Plata saben que el recrudecimiento del delito en algunas zonas del Conurbano tienen que ver, al menos parcialmente, con la vista gorda policial y los remesones internos de una de las instituciones más antiguas del país, poco acostumbrada a que le pongan un límite.
“Que no se malentienda esta reforma: no es un desplazamiento de cúpula, es mucho más profunda. No creemos en las purgas porque no resuelven los problemas. Dar la pelea de fondo en contra de cómo funciona el sistema es lo que los va a resolver. Esto requiere cambiar leyes. No podemos dejar que las cárceles sigan funcionando con una ley de la dictadura. La gente sabe que en nuestro gobierno no hay pactos de connivencia. El autogobierno se terminó”, enfatizó Vidal.
Fuera de micrófono, un ministro del gabinete bonaerense graficaba a Noticias Urbanas el alcance de la reestructuración que, hasta ahora, viene brindando un resultado poco auspiciante: “Recién se anuncia lo del Servicio Penitenciario porque fue el tiempo que llevó la reforma más profunda. En enero se arrancó con la Ley de Emergencia Penitenciaria; luego seguimos con lo básico, que era conseguir los colchones, los candados, la formación de efectivos, y ahora se abre una nueva etapa de diagnóstico por 90 días y luego la implementación de los cambios”.
Desde el gabinete argumentan que “no había otra posibilidad que un descabezamiento de la cúpula porque para una reforma así hace falta gente nueva. Y venimos de una burocracia penitenciaria de dudosa transparencia”.
La diferencia de tiempo entre la primera y la segunda fase de la reforma también se explica, admiten en el vidalismo, en la renuncia del ex ministro de Justicia, Carlos Mahiques (prefirió ser camarista) y la llegada de Ferrari, un hombre de antiguo peso político en el peronismo bonaerense y con lazos con el Pro por haber sido el jefe de campaña de Francisco de Narváez en 2009 y su hombre de máxima confianza hasta la ruptura en 2014.
Desde La Plata, cuando se refieren a los cambios que intentan llevar adelante, no pueden evitar apelar a cierta épica, propia de la magnitud de los desafíos. Hacen hincapié en la calamitosa herencia de la administración sciolista y, como ejemplo, citan que cuando asumió Cambiemos había “en stock solamente 53 colchones para recambio (para un universo de 33 mil presos) y en muchos penales no había siquiera un colchón cada dos presidiarios”.
La antesala del anuncio de esta semana fue no solamente el descabezamiento de la Policía Bonaerense sino el envío a prisión de 150 efectivos y el pase a disponibilidad de unos dos mil. Junto a eso, se les reclamó desde marzo en adelante a los comisarios y subcomisarios que entreguen sus declaraciones juradas, algo que fue muy resistido y que provocó que el ministro Cristian Ritondo debiera amenazar con descontar los días que pasaban sin entregar la documentación.
Pero además de las mafias enquistadas en las instituciones bonaerenses, el telón de fondo de todo este drama es la grave crisis fiscal de la Provincia. Por más buena voluntad y mejora en las políticas (algo que recién se podrá evaluar en los años venideros), nada llegará a buen puerto sin el financiamiento adecuado. Para ello, la gobernadora hizo el reclamo judicial ante la Corte Suprema por la discriminación que genera el retraso en la actualización del Fondo del Conurbano.
Sin embargo, en la espera, e impedida de recortar más partidas presupuestarias, Vidal dio rienda suelta al endeudamiento: según el programa de deuda pública que estableció el ministro de Economía, Hernán Lacunza, el pasivo bonaerense crecerá 225 por ciento en dos años, pasando de 120 mil millones de dólares a 270 mil millones de dólares a fines de 2017. Algo que, para algunos críticos, amenaza el margen de maniobra de la gestión provincial al mediano plazo.
Vidal puso el pie en el acelerador en sus intentos por resolver su mayor desafío pendiente justo en la semana en que se cumplía un año de su batacazo electoral, cuando derrotó a Aníbal Fernández y provocó un nocaut al peronismo después de 28 años en el poder bonaerense, del cual aún no se ha podido levantar.
La opinión pública, por ahora, le hace un guiño y la sostiene. Ella sabe que si la gestión no exhibe triunfos, ese romance puede terminar.