Este jueves, fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 5633, la iniciativa impulsada por el diputado porteño, Adrián Camps, donde se menciona que “se prohíbe la aplicación de herbicidas sintéticos para la eliminación de pastizales” ya sea de dominio del Estado Nacional, de la Ciudad o de dominio privado de uso o acceso público.
“De esta manera, los porteños nos ponemos en sintonía, no sólo con muchos municipios del área metropolitana que ya tienen ordenanzas que prohíben el uso de estas sustancias potencialmente cancerígenas, sino con toda una tendencia mundial, donde cada vez se reconoce más el peligro que representan para la población humana”, aseguró el legislador del Socialismo Auténtico.
“En la Ciudad se usaba glifosato para desmalezar en las vías del ferrocarril o en terrenos baldíos, en lugares que apenas estaban separados de las viviendas por una calle. Esto sucedía en el barrio de Belgrano, por ejemplo, desde donde nos llegaron los primeros reclamos”, explicó Adrián Camps.
En la Provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia en un fallo del 8 de agosto de 2012 estableció un mínimo de 1000 metros de distancia entre cualquier fumigación terrestre y un lugar habitado. En el mismo sentido, los municipios de Almirante Brown, Lanús, Avellaneda, Vicente López, Marcos Paz y Cañuelas y en San Jorge (Provincia de Santa Fe), cuentan con normas que prohíben las fumigaciones; mientras que la provincia de Córdoba y municipios bonaerenses como Esteban Echeverría, Hurlingham, Pilar, Ituzaingó y Morón se están tratando proyectos de características similares.
Por otra parte, numerosos estudios académicos, nacionales e internacionales, demostraron la extrema peligrosidad de estos herbicidas para el medio ambiente y la salud pública: contienen sustancias cancerígenas, siendo además causales de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, renales, dérmicas y oculares.
La Ciudad se totalmente urbana y es el territorio con mayor densidad demográfica de nuestro país, con aproximadamente 14.000 personas por km2. Los escasos espacios verdes con los que cuenta, se encuentran en contacto estrecho con los habitantes y sus viviendas, por lo que la utilización de herbicidas sintéticos sobre cualquiera de estos predios, representa una amenaza inminente para la población local, la flora y la fauna.
“Pasaron 6 años desde que presentamos el primer proyecto, de manera que celebramos que, luego de tantos años de esfuerzo, con la colaboración de especialistas y de instituciones, finalmente se haya convertido en Ley”, finalizó Adrián Camps.