El proyecto de Ganancias se transformó en un fuerte dolor de cabeza para el Gobierno de Mauricio Macri. Además de ser una fuerte derrota política poco tiempo después de que también se cayera, en el Congreso, la Reforma Electoral.
Luego de que toda la oposición se uniera detrás del proyecto de Sergio Massa y de que eso provocara la ira del propio Macri y de varios de sus ministros, entre ellos el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se conoció la noticia de que la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ), se reunirá el martes 13, a las 11.
La reunión no sería un problema, sí es un problema el motivo de la reunión. Allí fueron citados los gobernadores y podrían participar funcionarios. Los senadores irían a la comisión con la expectativa de firmar dictamen ese mismo día, incluso se baraja la idea de despacharlo y meterlo en la sesión del 14 de diciembre sobre tablas.
En el Senado la aprobación sería mucho más fácil ya que el peronismo cuenta con mayoría simple, por eso el Gobierno realiza negociaciones contrareloj para convencer a los gobernadores de que no apoyen el proyecto.
El Gobierno tiene la esperanza de que el proyecto sufra modificaciones en el Senado, y de esa manera vuelva a la Cámara de Diputados. De esa forma, ganaría tiempo y se retrasaría la discusión.
La propia vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dejó en claro la incertidumbre que rodea al gobierno de Cambiemos, ya que primero dijo que en caso de que se aprobara el proyecto de Ganancias, el presidente Macri vetaría la ley, para luego desdecirse y asegurar que todavía cree en la negociación que se de en el Senado y en las modificaciones que se le puedan hacer el proyecto.
Los senadores peronistas están ante la alternativa de pagar el costo político de frenar una norma que favorece a los trabajadores o dejar que la pague el Gobierno con un veto de Macri. Parece difícil lo primero y las reacciones de la Rosada dan a entender cierta resignación.
La famosa amenaza de la chequera no parece producir los efectos esperados. El Gobierno ya se dio cuenta de eso en el tratamiento de la Reforma Política. En esa oportunidad, Macri confiaba en que los gobernadores influirán en los senadores, pero eso no fue así.
La CGT también empuja
“Si ambas cámaras aprueban el proyecto presentado vetarlo está entre las facultades presidenciales pero recordemos que ya vetó la ley antidespidos y al otro día teníamos despidos a granel y antes también”, aseveró uno de los tres secretarios de la CGT, Carlos Acuña, a la agencia de noticias Télam. Acuña salió así al cruce de la vicepresidenta Gabriela Michetti quien, en una entrevista televisiva, admitió la posibilidad del veto presidencial que luego negó.
Acuña afirmó que “sería una barbaridad y un atropello a las instituciones” que eso sucediera y añadió que “el Gobierno no sólo no cumple con lo que prometió, sino que, además, si veta lo aprobado por el Parlamento para que los trabajadores tengan un poder adquisitivo más alto, tendrá que rendir cuentas”. Dijo de otro modo que la CGT no está en condiciones de acompañar el veto, más bien todo lo contrario, sería un abuen arazón para un paro general que está dilatado hasta el momento.
El sindicalista dijo ser “optimista” sobre la marcha del proyecto en el Senado y se mostró “sorprendido” porque el Presidente “se mostró como enojado u ofendido porque un sector de los trabajadores se vea beneficiado por las modificaciones al gravamen”.
