El fiscal federal, Guillermo Marijuan, imputó al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, por presunto delito de “abuso de autoridad”, tras firmar el decreto que permite a los familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales.
Marijuán halló motivos suficientes para impulsar una investigación judicial que determine si Macri, Peña y Prat Gay cometieron algún ilícito con los cambios a la reglamentación de la Ley 27.260 de “sinceramiento fiscal”.
Los tres funcionarios fueron doblemente denunciados tanto por diputadas del Frente para la Victoria y como por los de Libres del Sur. “Solicitamos se investigue la posible comisión por parte del Poder Ejecutivo del delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 248 del Código Penal de la Nación”, explicó María Emilia Soria, del Frente para la Victoria.
Días atrás, la legisladora kirchnerista recordó que el artículo modificado “fue incorporado por los diputados en el recinto” y que se votó de manera unánime. “Si no se respetó este pacto no creo que se respete ningún otro”, aseveró y acusó al PEN de “tener poco olfato político”. La denuncia de Soria recayó en el juzgado Penal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.
La diputada Victoria Donda y sus compañeros de bancada Federico Masso y Graciela Coussinet también habían presentado una denuncia penal ante el Tribunal Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, por “la posible comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, consagrado en el artículo 248 del Código Penal”.
El Decreto 1.206/2016 publicado el 30 de noviembre habilita a blanquear bienes y tenencia de monedas a los padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si éstos pueden justificar que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.
“Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación”, mencionó Donda.
“Nos dejó boquiabiertos a todos los legisladores que participamos de los debates, ya que se incluyó la prohibición por explícito pedido del diputado Felipe Solá (del Frente Renovador), quien con toda razón sospechaba que el blanqueo podía abarcar a funcionarios de este o el anterior gobierno que hubieren evadido impuestos o fugado dinero mal habido”, agregó.
Al mismo tiempo que se conoció la imputación, Peña defendió la medida en conferencia de prensa. “Tenemos la plena convicción de que el decreto no modifica el espíritu de la ley. Tenemos una enorme tranquilidad de la acción que hemos tomado”, sostuvo al justificar el decreto.
