El presidente Mauricio Macri aseguró que “la Justicia tiene que tener herramientas de evaluación para saber qué hace cada juez y en qué plazos” dicta sentencia. Fue durante el acto de traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires en donde, además, consideró que “las causas tienen que esclarecerse en cierto tiempo, si no hay frustración”
“En la reforma (constitucional) del 1994 se decidió que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tenían que poder dirimir los conflictos que tuviesen en la vida diaria a través de un poder judicial propio, dinámico, responsable y que se haga cargo de dar respuesta a las cosas que suceden”, explicó al destacar la importancia de la medida.
Por medio del acuerdo, la Nación transfiere ocho Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional; 18 vocalías de los Tribunales Orales en Criminal y Correccional; dos Juzgados Nacionales de Menores; tres vocalías ante los Tribunales Orales de Menores, y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que actúan ante los mismos.
Cabe destacar que la transferencia de competencias y órganos va a estar acompañada con los recursos necesarios y los bienes para el trabajo de los órganos transferidos. Además, en esta primera etapa, también se traspasarán 490 agentes entre funcionarios y empleados del actual fuero penal nacional ordinario de la Capital Federal.
Incluye, además, la incorporación del Fuero de Defensa del Consumidor y del Registro de la Propiedad Inmueble, organismo que tutela los derechos patrimoniales de los vecinos.
El mandatario participó del encuentro acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano; y el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo.
Durante su discurso, Macri puso como ejemplo la marcha que se realizó el miércoles para recordar los dos años de la muerte del exfiscal Alberto Nisman y el reclamo de justicia. “Las cosas tienen que esclarecerse en un cierto tiempo, no podemos dejar que se dilaten porque eso trae mucha frustración”, alertó el presidente.
También, afirmó que los jueces tienen que ser evaluados sobre su actuación, y pidió una Justicia “más eficiente y dinámica” porque “lo primero que piden las víctimas (de hechos de inseguridad) es que se haga justicia”.
Para que se haga efectivo este traspaso es necesario el aval parlamentario del Congreso de la Nación y la Legislatura porteña. “Espero que fruto del diálogo se hagan las aprobaciones”, expresó el mandatario.
Larreta, en tanto, añadió que el convenio “va de la mano de lo que se concretó con el traspaso de la Policía, que es la que se maneja con la Justicia penal”.
Además, resaltó que esta medida “acerca la Justicia a la gente” y “va de la mano con la visión federal que tiene el presidente” que “después de muchísimas décadas, es el primero que le ha dado más recursos, más funciones a las provincias y a las jurisdicciones”.
Por último, destacó que “estamos siendo coherentes con lo que creemos y con lo que venimos diciendo hace muchos años, que ratificamos en la campaña y que estamos plasmando ahora en este convenio”.
El traspaso implica un aumento significativo de las competencias para investigar y juzgar gran parte de los delitos del fuero penal ordinario que sean cometidos en la Ciudad de Buenos Aires y, consecuentemente, la respectiva reasignación de recursos.
A partir de la firma del convenio, la Legislatura deberá ratificar el traspaso de la Justicia Penal y de Menores, y una vez aprobado, entrará en vigencia a los 180 días. En tanto, la incorporación del Fuero de Defensa del Consumidor y del Registro de la Propiedad Inmueble estará vigente una vez que se definan los integrantes de sus órganos de aplicación.
En cuanto a los expedientes que actualmente están activos en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y en los Juzgados de Menores, continuarán su trámite hasta la finalización del proceso, respetando la competencia y jurisdicción de origen.
En tanto, las causas que estuvieren radicadas en los órganos judiciales y del Ministerio Público transferidos serán reasignadas entre los juzgados y fiscalías nacionales no transferidas.
La decisión de la Nación implica un avance trascendental en la consolidación de la autonomía otorgada a la Ciudad en el artículo 129 de la Constitución Nacional (CN). La propia Suprema Corte de Justicia ha sostenido en los recientes fallos “Corrales” y “Nisman” que la actual Justicia nacional no es federal, sino ordinaria y, por ende local, por lo que debe ser transferida al ámbito porteño.
En lo concreto y cotidiano la transferencia importa una mejora superlativa en la calidad del servicio de Justicia que se prestará a los porteños, ya que mejorará la fluidez del intercambio de información con la Policía, lo que permitirá un mejor análisis y diagnóstico de las áreas problemáticas y una mayor eficacia en la desarticulación de las organizaciones criminales.
Cuestionamientos
Luego del anuncio, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó su rechazo a la iniciativa. A través de un comunicado, sus autoridades indicaron que el traspaso de la Justicia Nacional Penal al ámbito de la Ciudad “no mejorará el servicio de Justicia que se les presta a los habitantes de la misma y, en cambio, conspirará contra su derecho a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes”.
“Resulta irreal que el traspaso pueda mejorar el servicio de justicia, ya que las causas penales seguirán siendo atendidas por el mismo número de personas y en el mismo territorio”, expresaron, y agregaron que “ésta circunstancia se verá agravada porque el propio convenio prevé la transferencia, entre muchos otros, de los delitos contra la administración pública que pudiesen cometer las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
