El segundo encuentro de la Red Argentina No Baja –una red de organizaciones sociales, sindicales, políticas, culturales, de derechos humanos y especialistas en el tema que busca enfrentar la política de bajar la edad de punibilidad impulsada por el Gobierno nacional- contó con la participación de más de 400 personas que asistieron a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
El encuentro se planteó con el objetivo de pensar acciones de la Red para evitar que se avance en la decisión de bajar la edad de punibilidad.
En la apertura de la jornada, Florence Bauer, titular de UNICEF Argentina destacó la importancia de “una ley que busque la recuperación de los chicos y que respete los derechos de acuerdo a la legislación internacional vigente”. Y agregó: “Eso no implica bajar la edad de punibilidad. Por eso resulta preocupante el proceso que está llevando adelante el gobierno; que pretende aplicar una receta mágica a un tema complejo, que no puede resolverse en dos semanas”.
Durante la jornada se destacó el carácter regional de esta problemática. En ese sentido, la Red Argentina No Baja cuenta desde un comienzo con el apoyo de la campaña ‘No a la baja’ de Uruguay, quienes brindaron sus insumos comunicacionales, incluyendo el logo para que la red desarrolle esta campaña en Argentina.
Durante una tarde de debates y propuestas, fueron varias las voces que se expresaron en contra de la baja de edad de punibilidad. La abogada Nelly Minyersky expresó que “el nuevo Código Civil crea un modelo distinto de familia, donde no hay más autoritarismo sino una familia democrática. Reconocer más derechos para los chicos y chicas requiere otorgarle más responsabilidades al Estado”.
Andrea Conde, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña (FPV – Nuevo Encuentro) expresó que “el hambre no se tapa con patrulleros y los pibes no deben ser el chivo expiatorio de un sistema que no cierra”.
María Elena Naddeo (APDH) consideró que “se debe prevenir y evitar que los y las adolescentes y jóvenes se involucren en situaciones delictivas”. Sostuvo que “cada vez que nos preguntan qué hacer con un pibe de 14 años que comete un delito hay que invertir la pregunta: qué hicimos como Estado para que un pibe de 14 años llegue a cometer un delito”.
Emiliano Bisaro, de ATE Capital, manifestó “el tema de la inseguridad no se resuelve metiendo a niños presos. Esto en todo caso se discute en la SENNAF y en definitiva en el Congreso de la Nación, y no en el Ministerio de Justicia”.
“Es importante organizarnos contra la criminalización de los pibes. Los niños y adolescentes son las víctimas de este modelo de ajuste y no los victimarios, como quiere construir el gobierno nacional con la propuesta de la baja de la edad de punibilidad”, sostuvo Florencia Gentile, plenarista del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por la Legislatura (FPV-Nuevo Encuentro).
Claudia Cesaroni expresó: “Queremos denunciar el momento político en el se inscribe esta propuesta que es parte de la política represiva del gobierno. Un régimen penal debe incorporar los estándares internacionales de derechos humanos pero es indiscutible que no debe bajarse la edad de punibilidad”.
Marisa Graham afirmó “Garavano miente. No es cierto que el 25% de los delitos y mucho menos los graves los cometan los chicos menores de 18 años o los menores de 16”.
Asimismo, Jonathan Gueler sostuvo que “después de este segundo y masivo encuentro de #ArgentinaNoBaja tenemos el desafío de hacer crecer la Red y sumar cada vez más gente a esta campaña para frenar esta iniciativa del macrismo que trae solamente más persecución a nuestros pibes pero ninguna solución a los problemas de nuestro pueblo”.
Por su parte, Gabriel Lerner destacó “la masividad y representatividad de los diferentes actores que trabajan con y militan por la infancia”.
En tanto, el Defensor a cargo de la Unidad Funcional para Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación, Gustavo Gallo, se refirió al rol del Estado: “Se olvida de los pibes hasta que cometen un delito. El incumplimiento de las responsabilidades del Estado es perverso, criminal”.
Del encuentro participó Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. También estuvieron presentes diputadxs provinciales como Miriam Duarte, de Misiones; Nora Schulman, de Casacidn; el especialista en derecho a la infancia, Norberto Liwski; el Padre Paco, del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres; Nicolás Rivas, director de la carrera de Trabajo Social de la UBA; Rubén Efrón, de APDH y José Machain, plenarista del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, entre otros.
Las conclusiones a las cuales arribaron las distintas comisiones que trabajaron en la jornada de hoy son: nacionalizar la campaña, promover una audiencia pública en el Congreso de la Nación y manifestarse en el Ministerio de Justicia (Sarmiento 329), el 23 de febrero, a las 14 horas, para expresar su postura contraria a la de Germán Garavano, titular de la cartera.