El titular del Juzgado Nº 2 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Marcelo Gallardo, dictó una medida precautelar por la que suspendió la demolición de un inmueble ubicado en Washington 2066, que está emplazado en el distrito U28, que prohibe esa acción.
Gallardo decidió requerir “los antecedentes administrativos relativos a la aprobación de las obras en cuestión, y el informe de impacto ambiental aprobado por resolución 287/GCABA/APRA/14”, porque “el Tribunal no cuenta integralmente con todos los elementos necesarios para ilustrar la cuestión a estudio”.
Gallardo, en su resolución, advirtió que buscará garantizar “el debido espacio de participación vecinal”. También especificó que el distrito U28 es un “sector Urbano que abarca parte del antiguo Barrio de Colegiales, de las Villas Ortúzar, Mazzini y Urquiza y que han mantenido un paisaje arbolado de tejido abierto y baja densidad poblacional, con neta predominancia del uso residencial familiar con edificación acorde con tal paisaje, el que es menester preservar y proteger en base a las sugerencias y acciones promovidas por los mismos vecinos (artículo 5.4.6.29)”.
En cuanto a la demolición proyectada, el juez expresó que las “constancias documentales permiten tener por probado, en principio, que la eventual demolición del edificio en cuestión afectaría los derechos constitucionales invocados por los amparistas a la protección al ciudadano y del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, y a la participación ciudadana”.
Finalmente, Gallardo dictaminó que “en caso de no concederse la protección precautelar y de otorgarse el permiso de demolición, tornaría irreparable el perjuicio que se pretende evitar, y la eventual sentencia favorable a los accionantes sería de imposible cumplimiento“, por lo que ordenó “precautelarmente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se abstenga de innovar en relación a la demolición del edificio sito en Washington 2066 de esta Ciudad, debiendo a tal fin, suspender todos los trabajos iniciados o a iniciarse en su predio”.
Como antecedente, existieron acciones oscuras de parte de las instancias gubernamentales, como siempre que hay negocios particulares. Viviana, una vecina del barrio, reclamó porque “los vecinos pedimos información desde hace muchos meses acerca del proyecto de demolición de la casona de la calle Whasington y construcción de un edificio. Hicimos lo que dice la ley, nos integramos al órgano consultivo que funciona en la Comuna 13 desde 2012. Pero los tiempos de los funcionarios no son los de los vecinos, no somos escuchados o nos responden con evasivas. El expediente avanza más rápido que nosotros y la demolición es inminente. Lo sabemos porque ya sacaron la torre de gas y el medidor de electricidad. Creemos que los negocios inmobiliarios no deberían prevalecer sobre la tradición arquitectónica de un barrio y sus calles arboladas. Progreso no es multiplicar los autos o colapsar las redes cloacales” se preocupó”.
Horacio, otro vecino de la zona en la que está emplazado el inmueble, manifestó que “sabemos que quieren construir un edificio con departamentos en altura, que viene a romper la continuidad urbana del barrio y su identidad. No entiendo por qué quienes deberían defendernos se empeñan en borrar con el codo lo escrito con la mano. Por obras como éstas deberían consultar a los vecinos, pero siempre sucede que los que nos vemos afectados nunca podemos opinar”.
