Los contratos con las empresas recolectoras de residuos -que les cuestan a los porteños alrededor de 150 millones de dólares al año- son los más importantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires.
Cuatro son las empresas que se ocupan de este trabajo: AEBA, CLIBA, Eco Hábitat y SOLURBAN. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la quinta empresa recolectora, que se ocupa de la única zona que los privados no operan, en algunos puntos de la Zona Oeste de la Ciudad. Los contratos con estas cuatro empresas vencerán el 28 de febrero de 2002, y la licitación para reemplazarlos no estará lista a tiempo. Esto motivará una prórroga por seis meses -una medida insólita, ya que tuvieron cuatro años para preparar los nuevos contratos-, según aseguran en la Secretaría de Medio Ambiente, en la que evalúan que tendrán listos los pliegos antes de fin de año.
PUNTOS DE CONFLICTO EN LOS CONTRATOS
De todos modos, hay una serie de puntos conflictivos en los contratos que están actualmente en vigencia. Uno de ellos es el sistema de inspección del servicio. Actualmente hay dos empresas que cumplen con la tarea de controlar la recolección de los residuos: IATASA, que se ocupa de la Zona 1, que limpia CLIBA, y CEAMSE (Coordinación Ecológica Area Metropolitana, Sociedad del Estado), que se ocupa de las zonas de las otras tres empresas.
IATASA ganó una licitación en 1999, ofertando una suma de casi 100 mil dólares por mes. Anteriormente, una Comisión ad-hoc de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires se encargaba de la misma tarea, cobrando una suma sensiblemente menor: 14 mil pesos al mes.
CEAMSE, en el colmo de la polifuncionalidad, cobra por tres ventanillas diferentes. Primero inspecciona a las empresas AEBA, SOLURBAN y Eco Hábitat. A continuación, en las Plantas de Transferencia, pesa a los camiones de esas empresas, de CLIBA y del Gobierno de la Ciudad, servicio por el que vuelve a cobrar. Finalmente, en las mismas Plantas, compacta la basura, la carga en sus camiones y la lleva al basural de Villa Dominico. También cobra -claro está- por este servicio.
Por su parte, el presidente del Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, Néstor Vicente, se quejó hace pocos días en una conferencia de prensa que al organismo que preside no se le otorgaron las atribuciones suficientes para controlar a las empresas de recolección de residuos. En la Secretaría de Medio Ambiente dicen que habrá sorpresas en cuanto a este tema de la inspección, aunque no aclararon cuáles serán.
En la Secretaría también aseguran que no habrá más Plantas de Transferencia de Cargas ni pesaje, ya que de ahora en más se les pagará a las empresas por "área limpia". Lo que no se explica entonces es porqué hace poco tiempo se le autorizó a CEAMSE a comprar seis balanzas para ser instaladas en las Plantas. El diputado socialista Fernando Finvarb presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que aclare el punto.
El último tema que genera un conflicto que no será de fácil resolución es el estado de saturación que alcanzó ya el Centro de Disposición Final de Villa Dominico. Se están evaluando distintas alternativas, entre ellas un terreno en Quilmes, que sería descartado por no ser económicamente viable. La solución de este problema no está cerca, aunque el punto de saturación del basural sí lo está.
