A un mes de haber finalizado la feria judicial y con la reciente reactivación del Poder Legislativo, el traspaso de las competencias judiciales de la órbita de la Nación a la Ciudad provoca cada vez más conflictos.
Como si de un clásico entre el Boca de sus amores y River se tratara, Enzo Pagani, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, se mete de lleno en la disputa que se libra entre el Poder Judicial de la Nación y el de la Ciudad en una cancha judicial embarrada. Y opina sobre la negativa de los jueces nacionales al respecto de esta transferencia que “la Ciudad se debe desde la consumación de la Constitución porteña”, que declara la autonomía e independencia de la Ciudad, es decir, desde hace 21 años.
Este proyecto que llevan adelante el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, generó el rechazo, en principio, de distintos núcleos, como la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y los integrantes de la Comisión por la Defensa del Fuero del Trabajo, respaldados por el bloque de diputados del Frente Renovador y la CGT, de la mano de Julio Piumato, líder de UEJN y secretario de Derechos Humanos de la central obrera.
De esta manera, desde este sector opositor preparan sus cañones y apuntan a marzo para realizar más manifestaciones y protestas que seduzcan a más aliados y que inviten a figuras como el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a tomar una posición en el conflicto y endurecer el rechazo al convenio del traspaso.
Así, Pagani entiende que el conflicto en la aprobación de este proyecto no estará en la Legislatura porteña sino en el Congreso de la Nación.
Sin embargo, el funcionario trabaja en acotar la distancia entre la Ciudad y la Nación junto a la vicepresidenta del Consejo porteño, Marcela Basterra, a través de acuerdos como el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica Interjurisdiccional de “Datos Judiciales Abiertos” y en la realización de reuniones periódicas con el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo.
De esta manera, Pagani busca aceitar el proceso del traspaso y desmitificar las “falsas” versiones que corren y se multiplican en los pasillos de los palacios judiciales.
–¿De qué manera influye el traspaso judicial al Consejo de la Ciudad?
–Desde el Consejo tomamos este traspaso con completa responsabilidad porque, sin exagerar, nos sentimos parte de un proceso histórico. Nuestro rol es importante, ya que una vez que la Legislatura abra el juego con la aprobación del convenio del traspaso judicial, los encargados de la ejecución de lo que dicten seremos nosotros. Pero tenemos un ámbito de trabajo muy interesante entre los tres estamentos: jueces, abogados y Legislatura, cada uno encarnado por sus tres representantes en el Consejo. Es un ámbito laboral muy diverso y empático a la hora de abordar temas desde ópticas muy distintas. El traspaso judicial es una deuda que tenemos desde hace 20 años, con la consolidación de la autonomía de la Ciudad, establecida por la Constitución porteña desde 1996. Sin embargo, es la primera vez que el Presidente de la Nación y el jefe de Gobierno porteño tienen el gesto político concreto de materializar esta necesidad de la Justicia. Ahora hay que hacer el esfuerzo para que tanto la Legislatura porteña como el Congreso nacional terminen este proceso con el aval legal al convenio. Y, desde entonces, restarán 120 días para que entre en vigor.
–¿El traspaso incluye también a jueces?
–No. En los convenios firmados no se está traspasando ni a un solo juez. Precisamente, para no forzar esa resistencia que hay en cuanto al traspaso. (N de la R: El convenio firmado entre la Nación y la Ciudad, en esta primera etapa, refiere solamente a estructuras que están vacantes: ocho juzgados en lo Criminal y Correccional, dos juzgados de Menores, quince vocalías de los tribunales orales en lo Criminal y Correccional, tres vocalías de los tribunales orales de Menores y una serie de fiscalías y defensorías, así como también el fuero de las Relaciones de Consumo, que aún no fue creado).
–¿Y a qué se debe la resistencia de los jueces a un futuro traspaso judicial más generalizado?
–Entiendo que los jueces nacionales no quieren venir a la Ciudad porque lo sienten como un detrimento. Sin embargo, creo que es una cuestión cultural, es como el policía federal que no quería ser de la Ciudad. Pero creo que esto es peor. En realidad, lo único que perderían es su nominación de juez nacional. Seguirían fallando exactamente en el mismo ámbito territorial en el que lo vienen haciendo. Incluso, la Corte Suprema está siendo muy clara con este tema. El 21 de febrero sacó otro fallo donde aclara que los jueces nacionales no son federales, por lo que las competencias nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires son competencias locales y ordinarias, como las de cualquier otra provincia. Y con esto apunto a que creo que hay una situación de confusión entre los jueces que se corporativiza y se traslada en esta manifestación de que no quieren venir.
–Una de las preocupaciones de quienes se oponen a esta transferencia de fueros es la Justicia laboral y la independencia de los trasladados. ¿Qué opina al respecto?
–Sí. Ahora todo el mundo apunta al traspaso de la Justicia laboral como si fuera un argumento. Pero la realidad es que hoy no hay ningún papel que hable del traspaso de este fuero. Ese es un error. Y otro de los argumentos que usan también los que están del otro lado es que “la Ciudad quiere llevarse a los jueces para tener una Justicia adepta y controlarlos”. Esto es falso porque, en principio, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad no tiene ni un representante del Poder Ejecutivo. Y, por otro lado, en el Consejo de la Ciudad no hay tampoco ni un solo representante del Poder Ejecutivo nacional que pueda ejercer, eventualmente, ese poder de control judicial indirecto. En 18 años, la Justicia de la Ciudad tiene para mostrar infinidad de casos de jueces que han fallado de manera arbitraria, si uno lo analiza técnicamente; o han fallado en contra del Gobierno de turno y, sin embargo, no fue destituido ninguno. Esto va a costar encontrarlo en otras provincias. Es una muestra de que esa preocupación es irreal.
–¿Qué fue lo más difícil del traspaso?
–Creo que lo más difícil fue y es la fortísima resistencia que hay del otro lado, tan difícil de entender, de los jueces nacionales. Lo mismo sucede con la postura de los gremios, aunque este caso es más comprensible ya que su actividad está más politizada. Pero que los jueces, que pertenecen a un poder independiente, se nieguen a cumplir algo que está en la Constitución resulta incomprensible. Además, hay falta de argumentación o de actitud, lo que impidió tener una negociación razonable y que no pudiéramos sentarnos a dialogar con el espectro nacional judicial al respecto de este tema. De hecho, las negociaciones que nos permitieron llegar a este convenio de enero se dieron más con el Congreso nacional que con los propios jueces.
–Sin embargo, hay varios signos de una participación y comunicación mayor con la Nación: la nueva alcaidía de la Ciudad, la firma del Convenio de “Datos Judiciales Abiertos” y que se mantengan reuniones periódicas con Santiago Otamendi, Martín Ocampo y Marcela Basterra. ¿Esto es correcto? ¿Hay coordinación y entendimiento entre ambas partes?
–Sí, creo que venimos entendiéndonos y poniéndonos de acuerdo. De hecho, los que todo 2016 trabajamos en este proceso del traspaso que se iba a firmar en noviembre y que terminó firmándose en enero, fuimos el Ministerio de Justicia de la Nación, el de Ciudad y nosotros como Consejo. Vos pusiste como ejemplo la firma de un convenio interadministrativo por el cual la Justicia de la Ciudad puso a disposición de la Nación las ocho alcaidías que estaban en desuso en el edificio de Yrigoyen y que perfectamente podrían ser utilizadas por el Servicio Penitenciario Federal. Entendimos que, actualmente, tienen la unidad 28, que es la de Tribunales, atestada de detenidos en proceso de definición de condena. Por eso, pensamos en redefinirlo y ponerlo a disposición de la Nación. Cuando se implemente el traspaso nosotros ya vamos a tener alcaidías para usarlas para los delitos traspasados. Este es un ejemplo de cómo deberían haber sido las cosas. Si esto hubiese sido así los 12 años anteriores, hubiésemos tenido una convivencia entre el Poder Judicial porteño y nacional como debe ser.
–¿Qué se acordó en las reuniones con Santiago Otamendi?
–Lo que estamos haciendo es empezar a desmenuzar y analizar cada ámbito de implementación con el Ministerio de Justicia de la Nación y el de la Ciudad, excepto con el Consejo de la Magistratura de la Nación, con quienes todavía no estamos interactuando mucho, pero va a ser imperioso terminar de definir todo con ellos. También estamos coordinando las cuestiones de infraestructura, porque el convenio dice que la Ciudad no solo va a recibir de la Nación el dinero para pagar el sueldo de los recursos humanos que se traspasen, sino que debemos recibir, en la Ciudad, la compensación por el espacio físico en cuanto a lo edilicio y lo operativo. En este último aspecto, estamos negociando para que la Nación le traslade a la Ciudad un inmueble completo, sin importar que no sea del Poder Judicial. Desde ya, este edificio deberá luego ser acondicionarlo y se pondrá la misma infraestructura que tenemos para los jueces, fiscales, defensores y asesores locales actualmente.
–¿Habrá cambios de sueldos o condiciones laborales para los trabajadores que se traspasen?
–No, al menos en aspectos negativos. No habrá un solo menoscabo de derechos de un trabajador nacional que pase a la órbita de la Ciudad. Es más, me animo a decir que el traspaso va a provocar una mejora natural en los dos universos de trabajadores. Estas mejoras serán, por un lado, para los provenientes de Nación, ya que gozarán de beneficios superiores en materia de antigüedad de cargo. Y los trabajadores de la Ciudad verán su mejora en cuanto, por ejemplo, llegue un secretario de Nación que gane un cinco por ciento más de lo que gana un secretario de Ciudad hoy. Entonces el sueldo de este último se va a tener que equiparar al del ingresante. Incluso, en Nación se trabaja una hora menos que en Ciudad y lo más probable es que se ajuste a todos a ese régimen horario.
–¿Cómo se seleccionará a los traspasados?
–Queremos seducir a esos 361 agentes (desde secretarios hasta la categoría más alta previa a un juez), que se traspasarán de forma voluntaria, mostrándoles los beneficios de venir a trabajar a la Ciudad. De cualquier manera, estamos convencidos de que a pesar de la resistencia corporativa de los jueces y de los gremios, va a haber mucho más de 361 voluntarios, no tenemos dudas. Todos los que trabajan en la Justicia penal van a ver en la Ciudad la posibilidad de crecimiento y proyección que no les brinda una Justicia nacional que hace 15 años que tiene la tercera parte de sus juzgados vacantes, y que no se tomó el laburo de nombrar jueces para que la tarea fuera más equilibrada. Entonces, podemos decir que la situación no es mala para los jueces que están porque aunque deben trabajar más, les pagan un plus, pero sí lo es para los secretarios, que quieren progresar y no les habilitan los concursos. Esto genera, encima, que la Justicia se sobrecargue y lentifique. En cambio, acá tenemos una estrategia y un diseño de Poder Judicial moderno y con proyección de crecimiento.
–¿Habrá nuevos concursos?
–Sí. Van a concursarse las vacantes para las estructuras judiciales, las cuales no están específicamente determinadas, sino que son ocho juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional; 18 vocalías de los Tribunales Orales en Criminal y Correccional; dos juzgados nacionales de Menores; tres vocalías ante los Tribunales Orales de Menores, y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Y como estas estructuras que vienen predeterminadas desde Nación no calzan automáticamente, deberemos diseñarlas y adaptarlas de acuerdo con nuestro código procesal y sistema judicial. Habrá que ver entonces cuántos juzgados de primera instancia extras hacen falta en la Ciudad, cuántas salas de cámara de apelación, cuántos juzgados de menores, cuántos fiscales, defensores y asesores tutelares dentro del mundo del Ministerio Público Fiscal, etcétera. Estos puntos sí vamos a concursarlos desde el Consejo, pero para eso estamos intentando lograr una autorización legislativa a fin de que una vez que la Legislatura apruebe el convenio, nos permita empezar a tramitar esos concursos, supeditados, por supuesto, a la aprobación del Congreso nacional. De esta manera, evitaremos esperar a junio o julio de este año para realizar los concursos, ya que hay que tener en cuenta que un concurso demora, como mínimo, siete meses. Legalmente, no se pueden empezar los concursos si no hay vacantes vigentes, las cuales técnicamente aun no existen acá, como mencioné, por lo que nos resulta necesario que nos autoricen condicionalmente y por un plazo.
–¿Qué beneficios habrá en materia de seguridad de la Ciudad?
–Yo soy de los que, a la hora de hablar de seguridad, ponen el foco en lo penal, pero cabe mencionar, en este caso, el nuevo fuero de Consumo, ya que tiene su costado interesante para el vecino. Queremos que el traspaso habilite una cercanía con el vecino, que no solo el contacto sea cuando ellos tengan algún problema sino que también haya una difusión de sus derechos y garantizarles el acceso a la Justicia a través de acciones de comunicación, por ejemplo. Hay dos cuestiones palpables para el vecino: tendrá una respuesta judicial mucho más rápida y cercana, que es uno de los reproches más grandes que tenemos, y que esta Justicia del consumo permite que el consumidor no se quede sin herramientas para defenderse ante una empresa. Entonces, creo que hay una linda prueba piloto para hacer con el fuero de Consumo para mostrar el modelo de Justicia moderna y de respuesta inmediata que la Ciudad tiene pensado para sus vecinos.
–En este aspecto, ¿servirá de complemento el traspaso de la Policía para la transferencia judicial?
–Sí, por supuesto. Considero que todo esto implica un cambio cultural, donde el jefe de Gobierno porteño puede sentarse, comisario por comisario, para explicarle cuál es su rol y resolver todo tipo de conflicto de manera personalizada y directa. Y desde el aspecto penal, independientemente del color político de quien gobierne, que se garantice y controle el funcionamiento de la Justicia, que cada parte actúe en tiempo y forma.
–Cuando “la grieta” estuvo en su punto más alto hubo un duelo de interpretación sobre cómo debe entenderse la ley: ¿hay que interpretarla o aplicarla en su letra fría?
–Creo que la tarea de los jueces es interpretar la ley. Tienen la potestad y el mandato constitucional para interpretarla. La ley tiene un espíritu y en cada caso hay que analizar con los matices individuales. Esa es una de las mayores virtudes para mostrar del Poder Judicial de la Ciudad: su independencia, autonomía, el respeto a los otros poderes y el modelo de Justicia moderno. La Justicia de la Ciudad, aun en su versión boutique de estos 18 años, con dos fueros nada más, ha dado cabales muestras de independencia a partir de un montón de jueces que, en especial del fuero contencioso, han fallado en contra del Poder Ejecutivo gobernante sistemáticamente. Y digo esto porque, como dije anteriormente, uno de los argumentos que usan los que están en contra del traspaso es que este se consumaría para mantener controlados a los jueces en la Ciudad.
