Por ahora no hay motivos para despreocuparse por las usuales trapisondas que suelen ocurrir en las jornadas electorales en la provincia de Buenos Aires, especialmente en aquellos rincones en los que la presencia del Estado se vuelve ínfima y ganan terreno los cacicazgos locales, donde el poder de la fuerza se vuelve más fuerte que el de la ley.
El pesimismo no es por la presunción de una posible trampa electoral que esté pergeñando el vidalismo, sino que surge de lo que no hizo, a la espera de homologar la reforma electoral a nivel nacional que se truncó por los senadores del PJ. Pero para la seguridad de los 16 millones de electores bonaerenses tampoco hubo novedades desde La Plata.
En los pasillos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), sus autoridades han dejado saber a quienes las consultan que los problemas bonaerenses siguen vigentes. A falta de reforma, a nivel jurisdiccional no hay ningún avance ostensible ni anunciado con respecto al cuidado de los sufragios ni proyectos por parte de los ministros de Gobierno, Joaquín de la Torre, ni de Justicia, Gustavo Ferrari, a pesar de que la mejora en el proceso electoral fue uno de los caballos de batalla de Cambiemos.
“Para la elección de cargos nacionales, y por la magnitud del padrón bonaerense, es muy baja la posibilidad de que se modifique la voluntad electoral en los comicios (en alusión al uso del aparato). Pero para los cargos locales sí la hay”, argumentan desde la Cámara.
A la hora de la disputa distrital, la circunscripción más grande es la Tercera Sección (con casi cuatro millones y medio de votantes), seguida de cerca por la Primera y, luego, de lejos, por la Quinta y la Capital, que contienen a Mar del Plata y a La Plata, respectivamente. Este año, los bonaerenses eligen diputados y senadores provinciales (se renueva por mitades cada dos años), concejales y consejeros escolares, mientras que en 2019 a esa lista se suman intendentes y gobernador.
En algunos distritos, la disputa por un centenar de votos –cuya incidencia es escasa en la elección nacional– puede tornarse agria si lo que está en juego es un escaño en el Concejo Deliberante o un diputado más o menos para un determinado bloque. Quienes han sido fiscales en el Conurbano dan fe de ello a quien quiera oír.
Además, los ojos de la CNE posan su mirada preocupada sobre la controvertida Junta Electoral Bonaerense, máximo tribunal provincial y del cual depende la legitimidad de los comicios. “Es un órgano con un nivel técnico paupérrimo y sin la infraestructura ni el personal necesarios”, aseguran por lo bajo desde la cúpula del Poder Judicial.
A nivel nacional, la Cámara firmó una acordada con reglas para pulir detalles en el proceso, con el aval de la Rosada (en realidad, fuentes oficiales aseguran que es una copia de una batería de medidas que iba a anunciar Interior pero les ganaron de mano). Entre esas medidas figuran la existencia del cuarto oscuro complementario (para contrarrestar los robos de boletas), el scanning de los telegramas antes de que se envíen al Correo y el refuerzo en la trazabilidad.
Pero esto apela solo a la jurisdicción nacional, mientras que en la Provincia, por ahora, no hay gestos ni del Ejecutivo ni de la Junta Electoral para ir en la misma dirección. Vidal había anunciado en su momento que iba a homologar la reforma de la Casa Rosada, comandada por el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. Caídas las chances de la boleta única electrónica –con el guiño de los operadores vidalistas, que querían una aplicación nula o parcial para hacer pesar el aparato propio–, el Gobierno provincial no dio señales propias y se negó a desanclar las elecciones provinciales de las nacionales, un viejo reclamo del fuero judicial.
Para colmo, la poderosa jueza María Romilda Servini renunció a fines de diciembre a la subrogancia en materia electoral del Juzgado Federal 1 de La Plata, en un escrito en el que aducía “estrictas razones personales”, aunque trascendidos periodísticos sindicaron el verdadero motivo en la molestia por que haya habido intentos del Consejo de la Magistratura por reemplazarla como subrogante. Hoy está a cargo el juez de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, menos experimentado en el fárrago electoral aunque más cercano al Pro.
Esa vacante bonaerense de un juez federal con competencia electoral es una de las siete que restan: también están las de Salta, Catamarca, Chaco, Santa Cruz y Formosa, además del tercer juez de la Cámara Nacional. Sugestivos cargos dejados vacíos a pesar de que el oficialismo tiene la mayoría en el Consejo de la Magistratura, el órgano que abre el concurso y propone al Presidente tres candidatos.
En el Ministerio del Interior ya dejaron trascender que buscarán mejorar la distribución de efectivos de seguridad en aquellas escuelas del Conurbano que, por relatos de los fiscales, se consideran más vulnerables a la patota local. Pero el scanning de telegramas o el cuarto oscuro complementario, por dar ejemplo de algunas posibles modificaciones, entran en un limbo jurídico si a nivel provincial no se asimilan las mismas reglas.
Luego de unos días difíciles para Cambiemos, los primeros dardos que lanza por lo bajo la Justicia Electoral deberían ser una luz amarilla para actuar antes que la pared se caiga encima y tener que dar marcha atrás. O admitir un nuevo error.
