El secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, que ayer se presentó ante la jueza Silvia Ramond, titular del juzgado criminal de instrucción Nº 43, para constituirse en denunciante en la causa por la Autopista Illia, se dispone a iniciar la semana próxima una fuerte ofensiva político-judicial para recuperar el derecho de explotación de esa autovía para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En esta causa el titular de la Fiscalía Nº 48, Alejandro Molina Pico, pidió ya en dos ocasiones que sean citados para que se les tome declaración indagatoria el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex secretario general de la presidencia, Nicolás Gallo, el ex procurador general del Tesoro, Ernesto Marcer y el ex secretario de Hacienda porteño, Eduardo delle Ville.
En la primera ocasión, a fines de julio del año pasado, el juez Nelson Jarazo denegó la posibilidad de indagar a los funcionarios -que entonces se encontraban en el ejercicio de sus funciones-, en tanto que esta segunda vez, el pedido de Molina Pico está siendo sometido a consideración por la jueza subrogante Silvia Ramond, que estará a cargo del juzgado que dejó vacante Jarazo hasta el 22 de abril. La suplencia de la jueza se produjo a causa de que, después de denegar la indagatoria de de la Rúa y sus ad-láteres, este juez ascendió a camarista y su reemplazante aún no fue designado.
Después del 22 de abril, la jueza Ramond cesará en su interinato para dejarle su lugar al juez Eduardo Dafflis Niklison, que se hará cargo del juzgado por el lapso de 70 días.
Ramond reasumió hace pocos días la instrucción de la causa, desplazando de la misma al fiscal Molina Pico, con motivo de una serie de desacuerdos que se plantearon entre ambos en cuanto a la oportunidad de la citación a de la Rúa, Gallo, Marcer y delle Ville. La jueza -prudentemente- plantea que antes de citar a declarar de los ex funcionarios, es necesario agotar otras medidas de prueba, en tanto que el fiscal plantea que con los indicios existentes ya está acreditada la pertinencia de la medida.
En los próximos días la jueza debería expedirse sobre la cuestión, aunque también es posible que prefiera eludir una decisión definitiva. Al fin y al cabo ésa no es su causa ni ése su juzgado, por lo que quizás elegirá el camino elegante de solicitar una serie de medidas -que recién estarán listas después del 22 de abril- y luego dejar en manos de su sucesor una difícil decisión.
