Desde el Pro, el presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Presti, que tuvo un rol muy importante para que los proyectos avanzaran, luego de su aprobación manifestó: “Celebro el cumplimiento de ambas constituciones tanto de la Nación como de la Ciudad; como así también el profundo apoyo a la autonomía que como legisladores juramos o prometimos defender”.
“Es de suma importancia que se hayan aprobado los convenios, para que en nombre de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires estas competencias tengan como principal objetivo acercar la justicia a la gente y así mejorar la calidad del servicio que se le prestará a todos los porteños. Aspiramos a una justicia más eficiente, de inmediatez y celeridad”, continuó Presti.
Y para finalizar el legislador macrista se refirió a los empleados que se encuentran dentro de los convenios del traspaso: “Nosotros también vamos a estar del lado de los trabajadores para garantizar sus derechos adquiridos. Porque no se amenazan, no se restringen, no se violentan y no se afectan los derechos de ellos”.
Por su parte, el presidente del Pro, Francisco Quintana, también expresó su punto de vista. “El traspaso supone una Justicia más ágil, rápida y transparente, que va a asegurar mejores respuestas a las demandas de los vecinos”, Quintana.
El diputado porteño destacó que es un avance “histórico” y “representa un nuevo paso hacia la autonomía, que podemos dar gracias a la voluntad de entendimiento y trabajo conjunto que existe hoy entre Nación y Ciudad”.
Desde la oposición, el Frente para la Victoria (FpV) también dio a conocer su postura a través de un comunicado de prensa. El bloque “cuestionó el apuro del Pro en el tratamiento del traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. En particular, la incertidumbre de los derechos laborales de los trabajadores traspasados y las desprolijidades institucionales en un tema tan sensible para la autonomía de la Ciudad”.
“Tenemos que completar autonomía de la Ciudad, pero hay que hacerlo con seriedad y responsabilidad. En ese proceso no se pueden llevar puestos ni a las instituciones ni a los trabajadores”, señaló el jefe de Bloque, Carlos Tomada.
“¿Por qué votar una larga lista de delegaciones al Poder Ejecutivo sin siquiera realizar evaluaciones presupuestarias, imponerse plazos ciertos, establecer guías para el traspaso, garantías laborales, sin debatir leyes complementarias? ¿Por qué tratarlo como un trámite? Quienes ahora nos piden confianza los escuchamos hablar del Congreso Nacional como la ‘escribanía’. ¿Qué dirían algunos medios si nosotros hubiéramos planteado semejante transformación de las instituciones como un trámite administrativo?”, preguntó Tomada. Los legisladores del FpV rechazaron los convenios de traspaso del fuero penal y de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Los legisladores que responden al líder de ECO, Martín Lousteau, también opinaron sobre el traspaso. El legislador Hernán Rossi sostuvo que “sin dudas la Ciudad necesita atravesar por el proceso de traspaso de la justicia para acercarse un poco más a la autonomía consagrada por la Constitución Nacional”.
El legislador también se refirió a la manera en que se irán ocupando los juzgados vacantes y señaló que “hay una cuestión que genera ciertas dudas y tiene relación con el proceso de selección de jueces. Es importante tener en cuenta que los juzgados que primero se van a traspasar son aquellos que hayan quedado vacantes. Es decir, que una vez en la órbita de la Ciudad, será el Consejo de la Magistratura de la Ciudad quien se encargue de proponerle a la Legislatura los candidatos para ocupar ese lugar”.
Su compañero de bloque, el también radical Juan Nosiglia manifestó que lo aprobado este miércoles es “un paso central hacia la plena autonomía”. “Se trata de cumplir con el mandato constitucional abonando al federalismo y a la plena autonomía”, señaló el dirigente radical.
“Buenos Aires necesita contar con herramientas para administrar su propia justicia para tener un sistema más eficiente, más accesible y más equitativo para los ciudadanos. Es una oportunidad única para darle una señal al Congreso de la Nación sobre la voluntad de la mayoría de los vecinos y de las fuerzas políticas de la Ciudad”, añadió el secretario de la UCR Nacional.
La legisladora de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto, señaló que los proyectos aprobados “son parte de un proceso iniciado hace 20 años con la sanción de la Constitución local y cuyos objetivos son consolidar el traspaso de la Justicia Ordinaria a la órbita de la Ciudad, es por eso que hoy vengo a acompañar estos proyecto y saldar una deuda histórica”.
La legisladora aseguró que “el acceso a la Justicia es un principio fundamental del estado de derecho y posibilita a los vecinos obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas, por eso el traspaso de las competencias judiciales de Nación a Ciudad, además de cumplir con la determinación del artículo 129 de la Constitución Nacional y de lo establecido por la Constitución de la Ciudad, garantiza la igualdad de oportunidades para el acceso al sistema judicial”.
“Como autoridades políticas de la Ciudad, no podemos seguir permitiendo una dilación en el traspaso de las competencias jurisdiccionales, y la justicia es un pilar fundamental para nuestra sociedad que nos exige que llegue en tiempo y forma” destacó Oliveto.
Por su parte, el legislador del Partido Socialista (PS), Roy Cortina, expresó: “Apoyamos el traspaso de la Justicia porque estamos comprometidos con la plena autonomía de la Ciudad. Esperábamos que los alcances de estos acuerdos fueran mucho más ambiciosos pero los ratificamos porque estamos comprometidos con la plena autonomía porteña y, de ningún modo, queremos ser funcionales a las visiones retardatarias que insisten en negarle a la Ciudad de Buenos Aires las atribuciones que le corresponden constitucionalmente”.
Y agregó: ” Nos gustaría pensar que estos convenios son realmente un primer paso y que en poco tiempo más, vamos a estar discutiendo la transferencia de los fueros laboral, civil y comercial”.
“Nos preocupa que el Presidente de la Nación se muestre dubitativo de avanzar con este tema, sea por las presiones corporativas o porque encontró apetecible controlar de cerca a juzgados que manejan causas importantes como el concurso de Correo Argentino que envolvió en un escándalo a su familia”, finalizó Cortina.
Otro de los que opinó fue el legislador del Bloque Peronista (BP), Claudio Heredia. “Como se viene haciendo con distintos organismos del estado nacional donde se afecta directamente a empleados públicos nacionales y como lo he manifestado en el traspaso de la lotería nacional, defiendo los derechos de los trabajadores, trabajando en los artículos que siguen garantizando sus derechos mediante el convenio colectivo, así como también lo hemos planteado en el traspaso de la Ley de Seguridad”, arrancó Heredia.
Luego agregó: “Vengo a ratificar lo mismo que he hecho en las comisiones interjurisdiccionales que se llevaron adelante con distintos legisladores del oficialismo para garantizar cada uno de los derechos de los compañeros de la Inspección General de Justicia y del Registro de la Propiedad inmueble (RPI) donde he planteado claramente la situación de cada uno de ellos, la situación de que el traspaso se haga con absolutamente con todos los compañeros manteniendo sus situaciones actuales y que no pierdan ningún beneficio”.
Por último, el legislador del Partido Socialista Auténtico (PSA), Adrián Camps, votó favorablemente la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble, pero de manera negativa los tres expedientes restantes referidos a las Relaciones de Consumo, la Inspección General de Justicia (IGJ) en todas las materias no federales y a la Justicia Nacional Ordinaria Penal.
“No voto en contra porque esté en contra de fortalecer la autonomía de la Ciudad, sino porque falta un compromiso explícito para garantizar los derechos laborales a los trabajadores”, dijo el legislador.
“He votado todas las leyes de la Ciudad en favor de su autonomía, incluyendo el traspaso de la Policía; pero en este caso no comparto el procedimiento que se ha seguido para la sanción de estas leyes. Se realizó una sola reunión de asesores, una única reunión informativa a la que sólo asistió un representante del Registro de la Propiedad, que es el que tiene menos conflicto para el traspaso, y luego se pasó a la reunión de diputados donde se firmaron los despachos. El traspaso de la Justicia sólo pasó por la Comisión de Asuntos Jurisdiccionales; no fue girado a la Comisión de Justicia. Curiosamente, hoy, el miembro informante del bloque del Pro es el diputado que la preside, reafirmando la absoluta competencia de esa comisión en el tema que estamos tratando”, explicó Camps.
