El Gobierno presentó un proyecto para agravar las penas por daño, amenazas e infracciones contra la seguridad, el tránsito y los medios de transporte. La propuesta es radical, tanto que en ella hasta se habla de “no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes (?), fiscales temerosos y jueces politizados”. Tan radical es que algunos críticos de la propuesta manifestaron que atenta contra la Constitución.
Desde las esferas gubernamentales se plantearon que es necesario agravar las penas frente a las manifestaciones públicas de cualquier tipo que impidan la circulación en las calles o en rutas. Para esto, proponen modificar cuatro artículos del Código Penal, relacionados con las sanciones por amenazas, daños, abuso de armas y delitos contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte público.
Las penas serían particularmente severas en los casos en que los manifestantes utilicen “elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables, objetos capaces de dañar la integridad de las personas o bienes, o con la cara cubierta a modo de impedir su identificación”. Existirían de esta manera penas de hasta diez años de prisión y se le daría carta blanca a la policía para detener personas durante las protestas.
Entre los fundamentos de la propuesta de modificar el Código Penal, los redactores incluyeron una curiosa cita, que justifica la consideración de radical que se le atribuye al proyecto. Los expertos gubernamentales plantean que es necesario “no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados”. Luego, plantean eludir el Derecho definiendo que los “elementos contundentes diseñados y empuñados para causar lesiones y capuchas y máscaras para ocultar la identidad y permanecer impunes no deben ser materia de interpretación, objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral o a la hipocresía descarada”. Ésta podría tipificarse como una extraña caracterización del armamento policial que utliza el Estado para combatir las manifestaciones.
Los opositores a la reforma planteada sostienen que existe en el proyecto una marcada “demonización” de las protestas sociales y que, de aprobarse, los nuevos artículos podrían servir de pábulo para asfixiar el reclamo social por medio de la radicalización de la represión. También aseguraron que su implementación sería “riesgosa” para la democracia.
También se planteó que las nuevas normas están redactadas con una “generalidad”, que viola el principio de “certeza”, lo que lo tornaría “anticonstitucional”.
Para el final queda una reflexión surgida de la inteligencia de George Clemenceau, que manifestó que “la guerra es un asunto demasiado serio para dejársela a los militares”. Una paráfrasis de esta sentencia debería ser tenida en cuenta antes de votar el proyecto, puesto que un Gobierno puede ordenar la represión de una manifestación, pero no puede tener en sus manos los mecanismos bajo los que se produce. Esta potestad siempre estuvo en manos del Poder Judicial.
