A pocas horas de amenazar la continuidad de la Asamblea Legislativa y retroceder parcialmente tras las presiones internacionales, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro avanzó con otra medida cuestionable, pretendiendo inhabilitar por 15 años al líder opositor y gobernador Henrique Capriles en su actuación política.
Maduro tomó esta decisión por una simple medida administrativa a través de la Contraloría, ingresando en el terreno de la inconstitucionalidad al evitar que dicha inhabilitación contara con una medida firme de un tribunal judicial.
La posición del régimen venezolano, que cotidianamente avanza hacia la instauración de una dictadura, merece el máximo repudio y la reacción de todos los organismos latinoamericanos en defensa del cumplimiento irrestricto de las reglas democráticas en todo el continente.
La amenaza de inhabilitación a uno de los opositores que mejor disposición al diálogo ha expresado en la caótica situación en que ha ingresado el hermano pueblo de Venezuela, pone de manifiesto la ausencia de una voluntad conciliadora para encontrar cauces de resolución netamente democráticos por parte de Maduro.
Es evidente que el gobierno de ese país está dispuesto a desconocer la cláusula 20 de la Carta Democrática, así como también ignorar las sucesivas exhortaciones de instituciones latinoamericanas que solicitan su retorno al cauce que indica todo sistema democrático.
La pretendida inhabilitación de Capriles –y la amenaza de ser detenido- se suma a las vergonzosas decisiones de mantener presos políticos opositores, por las que evidentemente no solo es responsable el Poder Ejecutivo sino también la justicia venezolana, en el caso presente por omisión.
La arbitrariedad se ha convertido en herramienta principal del régimen venezolano cuya única salida honorable debería ser la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales y aceptar la voluntad mayoritaria y popular.
Dicha arbitrariedad fue manifiesta cuando hace pocos días quiso disolver la Asamblea Legislativa nacional, y delegar en el Poder Judicial su funcionamiento en una flagrante actitud de desprecio por el voto popular. Cuando aún no se tienen noticias de la resolución efectiva de ese conflicto, Maduro añade otra medida controversial cuya repercusión conmueve aún más los cimientos de las democracias latinoamericanas. Esta vez, para vulnerar los derechos civiles y políticos de un candidato de la oposición.