Enrique “El Lobito” Bustamente fue secuestrado junto con su pareja, Iris Nélida García Soler, de una pensión de San Telmo entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero de 1977. Ella estaba embarazada de unos cuatro o cinco meses y, si bien los habían conducido al Club Atlético -un campo de concentración situado en Huergo y San Juan-, fue llevada por sus captores a la Escuela de Mecánica de la Armada cuando llegó el momento de dar a luz a su hijo. Inmediatamente, ambos jóvenes fueron asesinados y desaparecidos, mientras que se le perdió también el rastro a su hijo.
Cuarenta años después, la diligencia de Abuelas de Plaza de Mayo dio frutos. Un joven que presumiblemente era hijo de desaparecidos fue encontrado en Córdoba por las abuelas de esa provincia y accedió a entregar su ADN para comprobar esta circunstancia. El resultado del análisis dio que era el hijo de Iris, porque una de sus primas se acercó en 2010 al Banco Nacional de Datos Genéticos para que se guardara su ADN. El padre de esta joven mendocina era un coronel del Ejército, que pidió saber su paradero hasta que uno de sus colegas le dijo de no la buscara más, lo que equivalía a informarle sobre su asesinato.
Paralelamente, no existía ninguna denuncia por la desaparición de El Lobito Bustamante, por lo que no existían rastros de su huella genética. Tampoco se sabía si sus familiares se habían acercado a Abuelas para saber de él. Esta circunstancia reavivó la discusión acerca de la cantidad de desaparecidos que distintos funcionarios del Gobierno vienen poniendo en duda desde hace tiempo.
La presidenta de Abuelas, Estela Barnes de Carlotto, puso en blanco sobre negro la discusión. “Esto confirma que son 30 mil o más los desaparecidos“, expresó en la conferencia de prensa en la que se anunció el hallazgo del joven, de quien no trascendió su identidad actual, ni los avatares de su crianza, ni los nombres de sus apropiadores.
En 2006 había trascendido un documento enviado por funcionarios de la dictadura al Departamento de Estado norteamericano en el que se reconocía que hacia 1978 existían unos 22 mil desparecidos. Este documento fue desclasificado por el Estado norteamericano 30 años después del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón. Otro escrito, éste originado en el funcionario de la embajada norteamericana en Buenos Aires Tex Harris, estimaba la cifra de desaparecidos en unos 15 mil, también cuando corría el año 1978.
Las Abuelas de Plaza de Mayo estiman que el caso Bustamante-García Soler evidencia que existen posiblemente miles de desaparacidos que, por distintas circunstancias -desacuerdo de sus familias con su militancia, miedo, apego a las convenciones sociales o simplemente desinterés- no ingresaron a los registros que llevan adelante el Estado y las organizaciones de derechos humanos.
Esta incertidumbre acerca de las cifras finales sobre desaparecidos, originadas en el secretismo dictatorial, vuelven estériles las afirmaciones del actual diplomático en Berlín, Darío Lopérfido, del actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj y hasta del propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, que disminuyeron la cifra de desaparecidos por motivos desconocidos, como si ése fuera el vértice de la discusión.
La historia dice que, mientras los argentinos aún soportaban la dictadura más sangrienta de la historia, las organizaciones de derechos humanos estimaron la cifra de los desaparecidos en base a las conjeturas que surgían de la gran cantidad de denuncias sobre desapariciones y de los múltiples abusos que habían sufrido sus hijos, hermanos, padres y parientes de diversos grados y ellos mismos, a los cuales los militares y la policía no les habían ahorrado ningún maltrato.
Inclusive, en el camino impiadoso que eligieron los militares, comenzaron a matar también a los que reclamaban por sus deudos. La fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de De Vicentis, por citar un caso, corrió la misma suerte que su hijo Néstor, que desapareció el 30 de noviembre de 1976. A Azucena, por su parte, se la llevaron el 10 de diciembre de 1977, no sin que antes ésta se convirtiera en una de las fundadoras de Madres.
Pero Azucena no fue la única familiar de desaparecidos que desapareció, sino que existe un largo listado de ellos. Sus herederos se movían en dos obscuridades paralelas: la del silencio que imponía la dictadura sobre la suerte de los militantes que caían en sus manos y la de la clandestinidad en la que se movían las patotas policiales y militares, que si bien informaban de sus movimientos a sus jefes, a la vez éstos ocultaban a la Justicia esos informes y los mantuvieron a salvo del conocimiento público, una despreciable actitud que dio pábulo a que los titulares del Estado que los sucedieron fueran sus cómplices en el ocultamiento y en la mentira.
Esa deuda, más allá de la condena de muchos de los responsables de las desapariciones de miles de personas, no ha sido pagada por el Estado. La información a todos los familiares de los desaparecidos es la gran deuda no saldada. Aún hoy, 41 años después del comienzo de la dictadura, existen miles de familias que no saben nada acerca de la suerte de sus hijos. Peor aún, sus madres, sus hermanos y sus otros familiares se han ido muriendo sin saberlo y, si todo sigue como hasta ahora, jamás sabremos los argentinos el destino de muchos de nuestros compatriotas.
La discusión que no puede soslayarse, más allá del número verdadero de desaparecidos, que también es una información importante, es la información acerca de su destino final. Toda la sociedad argentina necesita saber qué pasó exactamente con cada uno de los que hoy aún permanecen desaparecidos.
