Un hecho esconde una multiplicidad de acciones que determinan que se provoque. Una vez que sale a la luz una situación puntual, lo que se ve es sólo un recorte de lo que aconteció. Igual que la figura del iceberg. Sin embargo, debajo del agua se aprecia con exactitud todo el cuadro. Con ciertos hechos policiales sucede lo mismo.
El escritor, novelista y periodista estadounidense Don Winslow disparó una frase sobre los policías en Muerte y vida de Bobby Z que describe el particular mundo en el que trabajan. “Los policías están por todas partes, porque hay cadáveres por doquier, y los cadáveres atraen a las moscas y a los policías.”
Desde su puesta en marcha en enero de este año, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires le trajo más de un dolor de cabeza al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El primer jefe de la Policía no duró un suspiro: el comisario Guillermo Calviño tuvo que dejar su cargo ante la aparición pública de dos causas en su contra en la Justicia federal. Eso fue lo que motivó que el ahora detenido comisario José Pedro Potocar, su segundo en la Superintendencia de Seguridad Metropolita de la Policía Federal y el hombre a cargo de todas las comisarías de la Capital Federal, se hiciera cargo de la nueva policía. Sin embargo, la situación no mejoró. En los últimos 20 días los problemas se acrecentaron. El domingo 9 de abril se produjo la represión a los docentes que querían instalar una carpa frente al Congreso de la Nación, y el viernes de la semana pasada, efectivos de la Policía porteña fueron denunciados por las autoridades educativas del colegio Mariano Acosta de realizar tareas de espionaje. El hecho determinante se produjo el sábado, cuando Potocar fue separado provisoriamente de su cargo.
En un dictamen dado a conocer por el fiscal José María Campagnoli, Potocar fue acusado de formar parte de una asociación ilícita. Eso determinó que el martes fuera detenido. Según el fiscal, el policía “brindó una colaboración fundamental para el desarrollo de un esquema de corrupción que funcionó en la Comisaría 35ª, con jurisdicción en los barrios de Saavedra y Núñez”.
El dictamen de Campagnoli asegura que “Potocar no solo fue connivente frente al funcionamiento de esta estructura criminal, sino que promovió su instauración, brindó la protección que un sistema permanente de corrupción como este ineludiblemente requiere y lo blindó ante posibles detractores internos a través del uso arbitrario de los mecanismos administrativos policiales”.
En la causa que lleva adelante Campagnoli se denunció que un grupo de policías les cobraban a los comerciantes del barrio de Núñez entre 1.500 y 3.000 pesos por mes para brindarles “protección”, mientras que a los “trapitos” les cobraban entre 400 y 500 pesos por día para permitirles trabajar.
Desde el sábado hasta su detención, Potocar salió a defenderse públicamente, negando las acusaciones en su contra. Desde el Gobierno de la Ciudad, tanto Rodríguez Larreta como el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, se ocuparon de aclarar que “la suspensión de Potocar se producirá hasta tanto se clarifique y resuelva su situación procesal, con el objetivo de preservar el principio de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública en la órbita de la Ciudad y garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones judiciales”.
Estos son los hechos, pero como en todo buen relato policial la trama es un poco más complicada de lo que parece a simple vista. Y tanto la interna política como la policial se cruzan, y muchos de esos cruces tienen objetivos en común.
Lo que la punta del iceberg oculta
Hay datos que no pueden obviarse porque forman parte del todo. El malestar que generó en la Policía Federal el traspaso de la seguridad a la Ciudad no es un dato menor. “Esto no iba a ser gratis. El enojo es muy grande y desde ciertos lugares de la Federal le apuntaron a la Policía de la Ciudad. Más allá de los errores propios que tiene la Policía porteña, el impulso de ciertas causas judiciales como en la que está involucrado Potocar tienen también el trasfondo de la interna. A Potocar no lo denuncia un civil, lo denuncia un policía, y ese es un dato a tener en cuenta. Además, esa causa es vieja y quien estaría involucrado, si la investigación sigue avanzando, no es otro que su superior en ese entonces, el actual jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, quien se opuso al traspaso. Esto no salva a Potocar si hizo lo que hizo, pero es un dato importante”, confió a Noticias Urbanas un comisario en actividad.
Esa interna policial está ligada a otras: una es política y otra es judicial. El accionar de Campagnoli también es puesto en consideración. El fiscal busca ocupar el lugar de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General. Su relación con el sector más duro del Opus Dei y con los grupos políticos, judiciales y mediáticos que piden mayor dureza contra la protesta social, lo ubican en la vereda de enfrente de lo que proclaman Rodríguez Larreta y Potocar sobre el diálogo con las organizaciones sociales.
“La rapidez con la que actuó Campagnoli llama la atención. Y la detención, todavía más. Potocar podía esperar el juicio en libertad, no había necesidad de detenerlo. Está claro que hay una guerra política que encabezan los que quieren endurecer la represión a la protesta social, como la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y Roncaglia, frente a la posición más dialoguista de Larreta y Potocar”, aseguró a NU un operador que conoce la interna.
Este medio accedió a una información exclusiva. El viernes por la tarde, Potocar se reunió con un empresario por la implementación de una agencia dedicada a la recuperación de autos de alta gama que son robados y llevados a Paraguay. Ese empresario dialogó con Noticias Urbanas.
“En la charla, Potocar fue muy claro: me dijo que no tenía padrinos políticos y que había llegado a la jefatura de la Policía de la Ciudad por sus antecedentes. Y me recalcó que estaba en contra de reprimir la protesta social como quieren muchos y que él se estaba dedicando a construir una fuerza de prevención, cuya última opción era la represión”, dijo el empresario.
El hombre consultado por este medio desestimó la posibilidad de que Potocar pudiera estar implicado en un hecho de coima por sólo “40 mil pesos”, como lo acusa Campagnoli.
“El robo de autos de alta gama que son enviados a Paraguay hace que el Estado argentino pierda 600 millones de pesos por año. Al hablar de ese tema se mostró interesado en combatirlo, no obtener una cometa”, concluyó el empresario.
En todo relato policial, los grises abundan. Los personajes no son ni tan buenos ni tan malos. Sin embargo, lo que no se puede discutir son los hechos. Pero la única manera de entender los hechos es explicando la multiplicidad de causas que los provocan.
La otra denuncia
Jorge Rodríguez fue asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Nilda Garré y autor del libro Laboratorios de cocaína en la Ciudad de Buenos Aires (actualizado en Bubok y editado por la Legislatura porteña). En exclusiva, relata a Noticias Urbanas una denuncia anterior contra Potocar.
“En marzo de 2011, una agente femenina de la Policía Federal le describió al comisario Potocar, en ese entonces a cargo de la Comisaría 17ª, cómo el subcomisario Echávez realizaba un acoso sexual contra ella. La grabación de dicho diálogo, realizado por la agente, fue puesta en manos de la ministra Nilda Garré, quien pasó eventualmente a encubrir el encubrimiento de Potocar del acoso sexual (incluso, en la cinta se puede escuchar a Potocar afirmando que es abogado).
“La denuncia le fue tomada en el Ministerio Nacional de Seguridad a la agente por la directora nacional Natalia Federman, quien incumplió también con sus funciones al no realizar la denuncia penal correspondiente.
”Distintas fuentes de la Comisaría 17ª aseveraban, en su momento, que Potocar había adquirido varios departamentos en Recoleta por su paso por dicha comisaría, los cuales superarían el millón de dólares.
“Ambas irregularidades o delitos de acción pública de Potocar fueron descriptos en detalle a la ministra Nilda Garré en varios informes. Si se hubieran tenido en cuenta, dicho jefe debería haber sido exonerado y denunciado penalmente. Luego continuó con su carrera ascendiendo a comisario inspector, encabezando primero una circunscripción, para luego pasar a la estratégica Dirección General de Comisarías, por la cual se denunció que pasaba buena parte de las recaudaciones de las 54 comisarías, transferidas luego a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, luego a la Jefatura de PFA, para así llegar al poder político.”
