La Comisión de Ambiente dela Legislatura porteña, que preside María Inés Gorbea, aprobó este martes un pedido de informe al Poder Ejecutivo porteño solicitándole que explique cuál ha sido la posición de los responsables de la Ciudad en la Agencia nacional que recientemente decidió autorizar el vuelco en el río de contaminantes prohibidos internacionalmente.
A través de la Resolución 46/2017, la Autoridad de la Cuenca (ACUMAR) estableció cambios normativos que implican un retroceso en el proceso de saneamiento: ahora las industrias pueden arrojar a los cursos de agua contaminantes hasta ahora prohibidos. Los denominados “contaminantes orgánicos persistentes”, de los cuales el más conocido es el DDT. ACUMAR también ha decidido mantener el permiso a los establecimientos de la cuenca para volcar volúmenes de agua contaminada sin tomar en cuenta la capacidad de depuración de las aguas.
Los legisladores escucharon un detallado y crítico informe de dos especialistas Andrés Nápoli, Director de la organización Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, y de Raúl Estrada Oyuela, diplomático de larga especialización en el tema. Y ahora aspiran a conocer cuál ha sido la postura sostenida por los representantes de la Ciudad en el Directorio de ACUMAR durante las deliberaciones que han llevado a la formulación de esa cuestionada Resolución.
