En base a una denuncia que presentó hace diez días la Oficina Anticorrupción (OA), el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a Tristan Bauer, expresidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), y a los hermanos Diego y Fernando Gvirtz, quienes eran los dueños de la productora que hacía 678, llamada Pensado Para Televisión.
El Fiscal federal, impulsó la investigación contra los responsables del programa y de la TV Pública durante el kirchnerismo, a quienes imputó por el desvío de $88 millones en publicidad de Anses, entre los años 2010 y 2015.
Asimismo, Zoni solicitó al juez Ariel Lijo, que gestione diferentes medidas de prueba y advirtió en su dictamen que podría haber más imputados, en el transcurso de la investigación.
Según se informó, toda la pauta de Anses se derivó mientras estaba a cargo de dicho organismo el diputado peronista, Diego Bossio, quien abonó $176 millones en publicidad no tradicional a la Tv Pública. La mitad del dinero, fueron desviados irregularme a la productora de los hermanos Gvirtz.
La institución que maneja Laura Alonso, destacó que Anses direccionó la pauta publicitaria sólo en 678, dentro del canal de aire. Sostuvieron que “la investigación demuestra que, para favorecer a Pensado Para Televisión (PPT) con esa cifra millonaria -además de lo que ya le pagaba la TV Pública por cada programa- se violaron las regulaciones internas objetivas y rigurosas previstas por la propia ANSES, en resoluciones internas donde estaría involucrada también en la maniobra fraudulenta la empresa de publicidad Braga Menéndez, encargada de asesorar a este organismo”. También, la OA destacó que “por contrato con el canal, PPT no podía comercializar publicidad a entidades oficiales”.
Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, fue quien realizó la primera denuncia. De manera que había presentado un informe el año pasado ante la Oficina Anticorrupción. Al comienzo, Lombardi había detectado la irregular transferencia por el monto de $15 millones de la Anses a la productora de 678, durante 2015. La OA indagó y constató que se habían desviado de manera irregular $88 millones entre los años 2010 y 2015.
A su vez, el titular declaró: “Esta denuncia prueba cómo la plata de los jubilados se desviaba para financiar al aparato de propaganda kirchnerista”, dijo Lombardi. Y agregó: “Los supuestos defensores de lo público, le dieron el horario principal de la TV Pública a una productora privada, para el linchamiento de los que pensaban diferente. Privatizaron el prime time y encima se llevaban la plata de los jubilados”.
El delito está caratulado como “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”; desde Anses “esta acción podría encuadrarse en la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Desde otro lado, quienes desde la productora recibieron estos pagos ilegítimos también deben ser investigados”, indicaron.
Por otra parte, también indicaron que además de los $ 88 millones en publicidad que recibió de la ANSES, el Gobierno le pagó en esos años otros $ 147 millones a la productora de 6,7,8 para realizar el programa. Sólo en 2015 recibió $ 37 millones para la producción y $ 15 millones en publicidad de la ANSES.
En su denuncia, la OA reclamó una medida cautelar que en forma “urgente” inmovilice los bienes de la productora, ahora en manos del empresario Cristóbal López; y el “embargo anticipado” de tres propiedades de los hermanos Gvirtz, que antes eran los dueños de PPT, así como sobre sus empresas Clean Collector, El Gran Pope, Real Time, Right Choice y Red Sea Investments.
Por lo tanto, el viernes pasado la Oficina Anticorrupción le giró la denuncia a la Unidad de Información Financiera (UIF), para que investigue “la ubicación de fondos o movimientos sospechosos de quienes son mencionados en la denuncia”; en particular por “la sociedad panameña Read Sea Investments constituida en el año 2001 por Diego Gvirtz”.
