El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a declaración indagatoria a treinta y dos exdirigentes y familiares del exsecretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar “Caballo” Suárez, en el marco de la causa por presunta asociación ilícita contra el SOMU. Las mismas se llevarán a cabo durante los meses de agosto y septiembre.
Suárez era uno de los sindicalistas preferidos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde la intervención judicial señalaron que la medida “es importantísima”, pues los actos defraudatorios “no se agotaron en la persona de Omar Suarez” sino que necesariamente tuvieron que intervenir muchas otras personas, detallaron.
“Era un secreto a voces que muchos de los hoy finalmente citados a indagatoria tenían responsabilidad en todos estos hechos, y que sin su participación los ilícitos no se podrían haber llevado adelante. Al mismo tiempo, es alentador que esta lucha contra las mafias avance e involucre a todos aquellos que tengan responsabilidad, tanto sea por acción como por omisión”, destacaron.
A su vez, subrayaron que “es importante que los afiliados vean que las acciones iniciadas por Gladys González van consolidándose y tomando cada vez mayor envergadura. Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los que hoy son llamados a responder ante la Justicia pretenden presentarse nuevamente para dirigir al Gremio. Finalmente, tanto los improcedentes reclamos millonarios que efectuaron muchos de ellos, como la responsabilidad penal que les cabe también a muchos de ellos, van quedando expuestas a la vista de todos los afiliados”.
Entre los familiares y allegados que recibirán declaración indagatoria figuran su hijastra María Lorena Suárez Peña y su yerno Adolfo Guillermo Visanni.
Los reclamos más abultados los hicieron el ex subsecretario de Turismo, Carlos Milanesi, quien se desempeño en el SOMU por casi 25 años y el ex Secretario General Adjunto, Mario Morato, quien se considera el sucesor del Caballo Suárez, hoy preso por corrupción.
El primero demanda al SOMU por una suma de $38.439.046,50 y el segundo por $20.000.000,00. Ambos reclamaron a la Justicia indemnizaciones por “salarios caídos, supletorias de indemnizaciones, intereses, multas y daño moral”.