A raíz de los dichos del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, donde supuestamente declaró: “Que el Gobierno siga jodiendo y yo voy a dar a conocer las cuentas”, el fiscal Carlos Rívolo, le pidió al exfuncionario kirchnerista que ratifique la frase en un plazo de 48, desde este martes.
La expresión fue manifestada en los últimos días en los pasillos del Congreso frente a una avanzada judicial en su contra. Asimismo, comenzó con el pedido de desafuero y detención en la causa de desvío de cientos de millones de pesos en la mina Río Turbio, en Santa Cruz, por parte del fiscal federal Carlos Stornelli.
En el caso de ser afirmativa la respuesta, Rívolo le pidió a De Vido que brinde los detalles correspondientes sobre esas supuestas cuentas.
De esta manera, el fiscal indicó: “Son supuestos dichos, ante ciertos testigos en un pasillo. No tenemos acreditado que sean los dichos de De Vido, no tenemos los testigos, no han aparecido hasta el momento y serían algunos colegas de la oposición, pero se abre una investigación a los efectos de saber si esta frase le pertenece”.
Además, aseguró que el diputado nacional por el Frente para la Victoria tiene la posibilidad de declarar por escrito. Y en la misma línea, sostuvo: “Le pedí detalles sobre eso, sobre el traspaso de dinero entre estas cuentas, sobre si es algo espurio. Las 48 horas rigen desde este martes”.
Por otra parte, la Cámara Federal porteña reabrió una investigación en su contra por la licitación de la Usina Térmica de Río Turbio, al revocar un sobreseimiento con el que lo había beneficiado el juez Claudio Bonadio.
Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la Sala II de la Cámara, revocaron el sobreseimiento de De Vido y otros imputados en el caso de la construcción de esa central energética a raíz de un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Esta es la segunda vez que la Cámara Federal ordena reabrir la investigación por el dinero que se destinó a la construcción de esa central que nunca se hizo.
Otro de los procesamientos que tiene Julio De Vido fue por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas de colectivos, donde recibió un embargo de 1.000 millones de pesos. La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, quien también procesó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos (actual diputado nacional kirchnerista por Santa Fe), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
